First published on 07/18/2019, and last updated on 09/26/2019
¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, Global Witness, 52 páginas, julio de 2019
Según el último informe de Global Witness, «en 2018 fueron asesinados más de tres activistas por semana y muchos más fueron criminalizados por defender su tierra y nuestro medio ambiente».
Como afirma Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: «Este es un fenómeno que se ve en todo el mundo: las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente —muchas de las cuales son indígenas— son declarados terroristas, mafiosos o delincuentes por defender sus derechos o simplemente por vivir en tierras codiciadas por otros. Sufren de manera desproporcionada la violencia y la criminalización porque son custodios de los recursos naturales que quedan en el mundo; de tierras que son el objetivo principal para los proyectos del desarrollo.»
Los asesinatos de líderes indígenas y comunitarios y de activistas son la forma más visible de violencia si bien en muchos casos también están amenazados por violencia no letal como abusos, intimidación y criminalización. Estos actos de violencia no solamente se comenten contra individuos, también contra comunidades y organizaciones enteras. Los Estados y las corporaciones criminalizan a los pueblos indígenas y las comunidades locales en un intento por disuadirlos de resistirse frente a las amenazas contra sus derechos y sus territorios de vida, con frecuencia en nombre del ‘desarrollo’ como la minería, la agroindustria y los megaproyectos de infraestructura.
El informe de Global Witness analiza datos y cifras claves así como historias de personas sobre criminalización y asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en 2018 y propone recomendaciones. El Consorcio TICCA comparte este informe en su calidad de miembro de la Coalición para la Defensa de los Defensores junto con Global Witness y como parte de la política del Consorcio sobre «Defender los territorios de vida y a sus defensores».
Descargue el informe completo y descubra más sobre el trabajo de Global Witness sobre activistas ambientales.
Resumen ejecutivo [ copiado del informe de Global Witness]
Julián Carrillo sabía que era un hombre “marcado”. Vehemente opositor de las concesiones mineras en las tierras de su comunidad, en el Estado de Chihuahua, México, había sobrevivido al asesinato de cinco miembros de su familia en dos años y al incendio de su casa. Julián había recibido numerosas amenazas de muerte antes de que su cuerpo fuera encontrado acribillado el 24 de octubre de 2018.
La lucha por proteger la tierra y el medio ambiente se ha vuelto cada vez más peligrosa en México, con
al menos 14 personas asesinadas sólo en 2018. A su vez, la muerte de Julián se inscribe en una tendencia mundial preocupante. Periódicamente, los gobiernos, las empresas y las pandillas criminales roban tierras y destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a medida que la demanda de productos como la madera,
el aceite de palma y los minerales continúa creciendo. Cuando la gente que vive en estas tierras afectadas asume una posición frente a estos proyectos, se enfrenta a la seguridad privada de las empresas, a las fuerzas
estatales, a los asesinos a sueldo o, en confrontaciones menos violentas, a equipos de agresivos abogados.
Los datos, los análisis y las historias humanas incluidas en el presente informe resaltan la dimensión de este
problema. Buscamos comprender cómo y por qué las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente,
quienes deberían ser consideradas heroínas por proteger a sus comunidades y a los ecosistemas, son asesinadas, arrestadas e intimidadas de forma rutinaria. Nuestro informe encontró que en 2018 fueron asesinados un promedio de más de tres activistas por semana, al defender sus tierras de la invasión de industrias como la minería, la explotación forestal y la agroindustria. Es probable que la cifra real sea mucho mayor, porque a menudo los casos no se registran y rara vez se investigan. Es difícil encontrar pruebas confiables y verificables.
Este informe también destaca cómo los asesinatos son la manifestación más violenta de un sinnúmero de abusos. La violencia no letal y la intimidación abundan y, de igual forma, no suelen documentarse. Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: Quienes destruyen la tierra y asesinan a las
personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras que las y los activistas son
calificados como criminales.
Es por eso que este año, Global Witness ha documentado por primera vez el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representan. Esta táctica puede utilizarse para mancillar la reputación, interrumpir el financiamiento y acorralar a las y los activistas en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras.
A diferencia de los asesinatos, estas amenazas más sutiles no llegan a ser titulares de prensa, razón por la que son muy útiles para quienes buscan aplastar la disidencia. Al igual que con los asesinatos, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de los países, junto con las instituciones y las organizaciones que existen para protegerlas.
Si bien este informe se centra en los eventos de 2018, al momento de redactarlo, en julio de 2019, hay señales preocupantes de que la situación de las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra empeorará. El auge de mandatarios populistas autoritarios en todo el mundo ha provocado una represión de la protesta, a menudo bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional o de combatir el terrorismo. Las implicaciones
sociales y políticas de estos acontecimientos son generalmente nefastas a un nivel más amplio, y traen
peligros específicos para las personas defensoras, como muestran estos ejemplos:
El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha prometido que permitirá la explotación de las reservas
indígenas, con proyectos de minería, agricultura e infraestructura. En lo que va del año, esto ya desencadenó
una serie de invasiones a tierras indígenas por parte de usurpadores de tierras armados, y las comunidades viven con temor a futuros ataques.
En Filipinas, donde en 2018 documentamos más asesinatos que en cualquier otro país, la intimidación de las personas defensoras por parte del Estado ha continuado este año. El gobierno del presidente Rodrigo
Duterte ha intensificado su campaña de “etiquetar” a activistas de derechos humanos, incluidas personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, como simpatizantes comunistas, terroristas o adeptos de
un grupo de insurgentes armados llamado Nuevo Ejército Popular (NEP). En enero de 2019, dos líderes
indígenas que se oponían a la extracción de recursos y a la usurpación militar de tierras ancestrales, fueron
arrestados y acusados de servir como reclutadores para el NEP, acusación que ellos niegan.
En Estados Unidos, la agenda del presidente Donald Trump, que da un papel preponderante a la energía,
amenaza con atizar el conflicto sobre el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Se están negociando
varios acuerdos que implicarían concesionar grandes extensiones de tierras nativo-americanas a empresas de
petróleo y de gas. A su vez, según el International Center for Not-For-Profit Law (ICNL), desde 2018 siete estados de EE.UU. han introducido leyes para reprimir las protestas. En marzo de 2019, un proyecto de ley presentado en Dakota del Sur otorgó a los gobiernos estatales y locales nuevos poderes para penalizar a grupos e individuos involucrados en acciones contra oleoductos, incluso cuando el involucramiento se da de forma indirecta.
Quienes arriesgan sus vidas para defender los derechos a la tierra y al medio ambiente son portadores de un
mensaje importante: Nuestros patrones de consumo y de producción necesitan cambiar radicalmente. Tanto
las empresas, como los consumidores que les compran, los inversionistas que las financian y los gobiernos que
las regulan, deben tomar medidas para garantizar que nuestra creciente demanda de alimentos y recursos
no fomente el acaparamiento de tierras ni daños ambientales irrevocables.
Los conflictos por la tierra y los recursos podrían evitarse en primera instancia, si se consultara a las comunidades sobre el uso de la tierra, y si éstas tuvieran el poder de vetar proyectos perjudiciales. Las comunidades estarían más seguras y los ecosistemas estarían más conservados si las leyes fueran diseñadas para favorecer los derechos de las y los ciudadanos sobre los intereses de las grandes empresas. Además, si los responsables fueran llevados ante la justicia, sin duda disminuirían los ataques contra quienes defienden sus derechos.
Imagen principal : En abril de 2019, activistas de Nueva York y otras ciudades del mundo manifestaron frente a la Embajada de Brasil en sus países, en apoyo al movimiento de resistencia indígena de Brasil. Desde que Jair Bolsonaro asumió como presidente a principios de año, las comunidades indígenas han sufrido un aumento en los ataques violentos en sus territorios. ©Erik McGregor/Pacific Press/LightRocket via Getty Images.
