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Alerta: Las comunidades Adivasi en Bastar, India, enfrentan una escalada de violencia estatal mientras resisten a la apropiación de tierras y a la minería destructiva

Los adivasis exigen el reconocimiento apropiado de sus derechos Indígenas, que se encuentran garantizados por la Constitución y son reconocidos internacionalmente

«Los caminos y campamento se están construyendo solo para extraer recursos», dijeron los aldeanos al equipo de investigación en el sitio de protesta de Madhonar. Informe de los ciudadanos, 2024

First published on 01/17/2025

Compartido por InSAF India y London Mining Network


En la región de Bastar, estado de Chhattisgarh, en el centro de la India, miles de adivasis han muerto en enfrentamientos en las últimas dos décadas; entre ellos, muchos resultaron ser civiles desarmados. Además, un gran número ha sido víctima de arrestos arbitrarios, torturas y violencia sexual. Solo en 2024, en el contexto de enfrentamientos, se registraron más de 280 asesinatos, entre los que se incluyen niños. Muchos de estos homicidios, según se ha revelado actualmente, han sido en realidad ejecuciones extrajudiciales.

Los bosques tropicales y territorios montañosos de Bastar, áreas biodiversas y ecosensibles, cubren alrededor de 33 000 km2. La región es hogar de unos 2,7 millones de personas, dos tercios de las cuales conforman las comunidades Indígenas Adivasi más vulnerables de la India, como las tribus Gonds, Maria, Halba y Muriya. La tierra es rica en carbón, hierro, estaño y otros minerales raros como el corindón y el oro.

Los derechos de los adivasis sobre sus tierras y recursos naturales, incluido el derecho a la autogobernanza y al consentimiento libre, previo e informado para el uso de la tierra, están reconocidos y salvaguardados en virtud del Quinto Anexo de la Constitución de la India, la Ley de Panchayats de 1996 (Extensión a las Áreas Programadas) y la Ley de Derechos Forestales de 2006 (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act).

A pesar de estas protecciones constitucionales y legales, el Gobierno de la India ha permitido de manera continua que las industrias extractivas invadan las tierras Adivasi bajo el pretexto del desarrollo.

En 2022-23, los ingresos provenientes de los recursos minerales de Chhattisgarh alcanzaron las INR 129 410 millones (USD 153 millones), de las cuales casi la mitad procedían del distrito de Dantewada, en Bastar. Por el contrario, la tasa de alfabetización y los indicadores socioeconómicos y de desarrollo humano en los siete distritos de Bastar siguen siendo de los más bajos de la India.

Durante las últimas dos décadas, numerosas empresas han logrado acuerdos con el Gobierno de Chattisgarh para instalar plantas siderúrgicas y energéticas en la región, como la planta de acero de Tata Steel de 5 MTPA (millones de toneladas por año) en el bloque de Lohandiguda, en el distrito de Bastar, y la planta de Essar Steel de 3,2 MTPA en las aldeas de Dhurli y Bhansi, en el distrito de Dantewada.

Incluso ríos enteros, como el Sheonath, han sido vendidos a empresas privadas.

La mayoría de estos intentos de industrialización forzada fracasaron debido a la firme resistencia de las comunidades Adivasi de la región a ser desplazadas de manera coactiva de sus tierras y a permitir el acceso a los recursos naturales para la industrialización por parte de empresas ávidas de lucro.

En respuesta, el Gobierno de la India ha desplegado numerosas fuerzas armadas en la región. Entre 2005 y 2011, el estado indio organizó la Salwa Judum, una milicia compuesta por jóvenes Adivasi, que empleó la «reubicación estratégica de aldeas» y, según se informa, quemó y vació 644 aldeas, desplazando a unos 350 000 habitantes. El Gobierno dijo que su objetivo es combatir la insurgencia naxalita (maoísta). Los informes de la sociedad civil detallan represalias brutales, que incluyen violencia sexual, reubicación forzada a campamentos y desplazamientos internos a gran escala.

En 2009, Salwa Judum se había convertido en la «Operación Cacería Verde». Miles de policías paramilitares especiales armados de diversas ramas de las Fuerzas Armadas Centrales de Policía fueron desplegados en Bastar. Los miembros de Salwa Judum también fueron reclutados como «policías especiales». En 2011, la Corte Suprema de la India prohibió a Salwa Judum, así como el uso de jóvenes Adivasi en operaciones de contrainsurgencia.

Desde 2014, la agenda general del primer ministro Narendra Modi y del gobierno nacionalista hindú del Partido Bharatiya Janata ha intensificado abiertamente la privatización y la liberalización de carácter neoliberal. A su vez, el gobierno ha fortalecido su estrategia de «despejar, construir, mantener» para usar a las fuerzas armadas con el fin de facilitar la entrada de grandes empresas mineras en Bastar. A pesar del fallo de la Corte Suprema, el estado está desplegando actualmente un batallón de la Policía de Chhattisgarh compuesto por naxalitas rendidos y jóvenes locales, junto con la Guardia de Reserva del Distrito y efectivos de las Fuerzas Armadas Centrales de Policía, que incluyen divisiones de élite fuertemente armadas.

Campamentos de policía en el trayecto entre Jagargonda y Dornapal. Foto: Informe de los ciudadanos, 2024

Desde 2017-2019, también han proliferado los campamentos militares en la región. En algunas zonas, los campamentos se encuentran cada 3 o 4 kilómetros, con una proporción de civiles por personal de seguridad de aproximadamente 9:1, lo que convierte a Bastar en una de las regiones más militarizadas del mundo.

Al mismo tiempo, han surgido varios movimientos masivos de resistencia entre las comunidades Adivasi de Bastar. Múltiples movimientos pacíficos de resistencia en Bastar, que utilizan las sentadas de protestas prolongadas, están dirigidos por jóvenes Adivasi defensores de los derechos humanos que enfrentaron la violencia liderada por Salwa Judum en la década anterior. Entre ellos se encuentran la plataforma paraguas Moolvasi Bachao Manch (Movimiento para Salvar a los Pueblos Indígenas), Maad Bachao Andolan y otras organizaciones.

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El uso de violencia extrema, sistemática y generalizada como medio para expulsar de las zonas mineras a las comunidades que se resisten incluye el uso de drones, según se informa, para vigilar la vida cotidiana de la gente y el lanzamiento bombas de mortero, que están devastando las prácticas tradicionales de las comunidades Indígenas, como la recolección de la flor estacional mahua en los bosques.

Las fuerzas de seguridad y la administración han estado hostigando e intimidando a activistas, así como sometiéndolos a violencia física, detención ilegal y encarcelamiento, amparados en leyes que supuestamente combaten el terrorismo y el crimen organizado.

Algunos destacados defensores de los derechos humanos, como Surju Tekam y Sunita Pottam, han sido arrestados por aplicación de leyes antiterroristas, lo que pone de relieve la creciente represión de la resistencia a la apropiación de tierras. En octubre de 2024, el Gobierno de Chhattisgarh también calificó a Moolvasi Bachao Manch como una organización «ilegal».

Lo que está sucediendo en Bastar no es solo un conflicto territorial o una insurgencia, es la negación total de los derechos humanos universalmente reconocidos por elestado de la India y una lucha de las comunidades Adivasi por la supervivencia, la dignidad y el reconocimiento de los derechos Indígenas frente a la violencia estatal y la codicia empresarial.

La situación exige la atención y la solidaridad inmediatas de todo el mundo para la resistencia Adivasi al ciclo de represión y para garantizar que las voces de las comunidades Adivasi sean escuchadas y respetadas. El silencio ante las atrocidades del Gobierno de la India haría que el mundo fuera cómplice de la eliminación de las comunidades indígenas Adivasi y de sus territorios en esta región.

El Silger dharna (sitio de protesta del movimiento de resistencia masiva) cerca del campamento policial y del proyecto de construcción de una ruta ancha en las tierras ancestrales de los adivasis en Bastar en 2021. Foto: Nandini Sundar

Llamado a la acción

Casi treinta organizaciones internacionales de la sociedad civil provenientes del ámbito de la justicia climática a la libertad académica han firmado esta declaración de solidaridad y llaman al Gobierno de la India a:

  • cumplir con las órdenes de la Corte Suprema
  • respetar las protecciones constitucionales y legales de los adivasis
  • poner fin a la apropiación de tierras y respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado
  • proteger a los defensores y activistas de los derechos humanos
  • hacer rendir cuentas de todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional

Firme aquí para apoyar a los adivasis de Bastar en su lucha contra la militarización y la minería.