First published on 08/14/2026

Informe Anual 2025 del Consorcio TICCA
Un año centrado en los derechos, la resiliencia y el cuidado colectivo
Un recorrido por las acciones regionales y globales de 2025, los principales hitos estratégicos y los avances en la conservación comunitaria de los TICCA, territorios de vida
Por Consorcio TICCA
El Informe Anual 2025 del Consorcio TICCA marca el decimoquinto aniversario de la asociación, un año caracterizado por una sólida red de solidaridad frente a las crecientes presiones que enfrentan los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. En todas las regiones, las comunidades y redes fortalecieron la gobernanza autodeterminada, promovieron el reconocimiento de los TICCA, territorios de vida, y defendieron sus derechos en espacios nacionales e internacionales. El informe presenta los avances y desafíos en relación con las cuatro metas estratégicas: autofortalecimiento, reconocimiento y derechos, incidencia externa y fortalecimiento organizacional. Asimismo, ofrece una perspectiva sobre el rumbo que deberá seguir el Consorcio TICCA en 2026 para dar continuidad a esta labor fundamental.
Desempeño global y aspectos destacados
En 2025 fue necesario mantener una participación constante en los foros mundiales donde se toman decisiones que afectan a los territorios y las comunidades, que constituyen la base del Consorcio. En los principales procesos internacionales, el Consorcio apoyó a sus miembros, socios, aliados y representantes territoriales para que participaran, hicieran oír sus voces, se organizaran, interpretaran el lenguaje de las políticas, forjaran alianzas y defendieran posiciones basadas en la gobernanza comunitaria.
En la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, esto implicó llevar las voces de los territorios marinos a los debates mundiales mediante la participación presencial, el acceso multilingüe y la organización de eventos paralelos estratégicos. En los foros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la labor se centró en promover una implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal basada en los derechos, con especial énfasis en la Meta 3, la Meta 22, el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), las salvaguardias y la participación significativa. Durante la 27.ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del CDB, el Consorcio organizó más de diez eventos paralelos. Asimismo, en la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, el Consorcio respaldó la participación de una delegación en los espacios dedicados a la sociedad civil y a los Pueblos Indígenas.
En estos escenarios internacionales, las referencias a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales adquieren cada vez mayor visibilidad en el discurso sobre la conservación. Sin embargo, el reconocimiento efectivo de sus derechos, la libre determinación, los sistemas de gobernanza consuetudinarios, la autoridad territorial, la rendición de cuentas y la protección frente a los daños exige transformar esa visibilidad en acciones eficaces. A lo largo del año, el Consorcio trabajó para llevar los debates más allá de la inclusión y orientarlos hacia cuestionamientos más profundos sobre el poder, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Un ejemplo de ello fue el apoyo brindado por el equipo regional de América Latina a la organización miembro Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) para presentar la Moción 138 de la UICN. Esta iniciativa dio lugar a una resolución formal en la que la UICN reconoce los TICCA, territorios de vida, como contribuciones esenciales a la conservación de la biodiversidad. Estos esfuerzos reflejan la labor de incidencia del Consorcio, tanto para influir en el lenguaje de las políticas como para defender los principios políticos que sustentan la conservación basada en los derechos.
Por otra parte, el Consorcio siguió fortaleciendo la base de conocimientos que sustenta su labor a escala mundial mediante publicaciones estratégicas, materiales de orientación, recursos para la incidencia y contribuciones a la plataforma del Registro TICCA. El apoyo lingüístico, a través de la traducción y la interpretación, siguió siendo un elemento esencial de la infraestructura del Consorcio que hace posible la participación.
Asimismo, el Consorcio fortaleció sus alianzas y la incidencia conjunta con organizaciones de Pueblos Indígenas, aliados de la sociedad civil, instituciones técnicas, actores vinculados a la conservación y redes globales. Este trabajo se centró en conectar las realidades territoriales con los procesos internacionales de formulación de políticas mediante la articulación, el acompañamiento, la traducción y la incidencia para que los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales permanecieran en el centro de los espacios de toma de decisiones.
A nivel interno, 2025 estuvo dedicado a consolidar la estructura de la organización. A lo largo del año, el trabajo se centró en mejorar los procesos internos del Consorcio y la coordinación entre los equipos y los órganos de gobernanza. Esto incluyó una definición más clara de las funciones y responsabilidades, prácticas de coordinación más coherentes y un mejor seguimiento de las decisiones y los compromisos institucionales.
Miembros
honorarios

487
Total a finales de 2025 Centroamérica

5
Nuevas admisiones en 2025
Organizaciones
miembros

271
Total a finales de 2025

27
Nuevas admisiones en 2025
Redes nacionales y
puntos focales

96
países representados por miembros y miembros honorarios

Territorios de vida en las regiones
Durante 2025 se puso de manifiesto la diversidad, la profundidad y la resiliencia del movimiento global por los territorios de vida. Desde los bosques, los pastizales, los territorios marino‑costeros y las islas hasta las montañas, los humedales, los sitios sagrados y los paisajes conservados de forma comunitaria, los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales continuaron sosteniendo sus territorios mediante la gobernanza consuetudinaria, el cuidado colectivo, el conocimiento intergeneracional y los sistemas locales de responsabilidad.
A lo largo del año, las iniciativas desarrolladas en África se centraron en transformar las promesas ambientales de alto nivel en derechos legales concretos. Las redes regionales contribuyeron a que la conservación dejara de basarse en modelos verticalistas y controlados por el estado para avanzar hacia una gobernanza liderada por las propias comunidades. Como resultado, se lograron avances jurídicos, como la devolución de los parques nacionales a la custodia de los Masái en Kenia, la obtención de títulos de propiedad colectivos en la isla de Sakatia, en Madagascar, y el reconocimiento formal de las normas ancestrales de pesca en África Occidental.
Los equipos regionales y las organizaciones miembro de América Latina centraron sus esfuerzos en la defensa práctica de los territorios y la autogobernanza de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. Desde el Cono Sur hasta Mesoamérica, estas acciones buscaron responder a leyes restrictivas y presiones ambientales mediante una mejor organización interna y la documentación jurídica. En Argentina, las redes comunitarias mantuvieron la gobernanza de más de 3,5 millones de hectáreas que abarcan sesenta y cinco comunidades en ocho provincias. En Paraguay, la FAPI fortaleció la posición jurídica e institucional de trece organizaciones indígenas. Por su parte, la red de Chile avanzó en la inscripción de las comunidades Puelo y Chango en el Registro TICCA.
En Asia, los esfuerzos del Consorcio dieron lugar a cambios concretos en las políticas, al fortalecimiento de las organizaciones subregionales y a una mejor documentación comunitaria de los territorios. Por ejemplo, los datos sobre conservación gestionados por las comunidades de Asia Oriental se incorporaron a los objetivos globales de la iniciativa «30×30», mientras que la estrategia indígena de biodiversidad de Filipinas se consolidó como un marco listo para su implementación. En Nagaland, India, y en la meseta tibetana, en China, las comunidades ya no se limitan a apoyar a científicos externos, sino que son reconocidas como las principales responsables de la recopilación de datos ecológicos y como impulsoras de políticas a nivel estatal. Por su parte, la región de Asia Occidental, Asia Central y el Cáucaso se centró en mantener la unidad entre once países, a pesar de las importantes limitaciones financieras, los cortes de Internet y los conflictos regionales.
En Europa, los esfuerzos se centraron en fortalecer la gobernanza interna, mejorar la coordinación entre los miembros y elaborar una estrategia y un plan de acción integrales para el periodo 2026‑2028, con el fin de alinear los objetivos regionales con las metas globales. El Equipo de Coordinación Europeo institucionalizó las prácticas de gobernanza, actualizó su base de datos de miembros y amplió su trabajo de vinculación con aliados regionales. Además de consolidar estas bases, el Consorcio apoyó procesos nacionales clave, como la constitución legal de la Red Italiana de Territorios de Vida y los intercambios interregionales de conocimientos con España sobre los sistemas de revisión entre pares para los TICCA, territorios de vida. El año culminó con la IV Asamblea Regional Europea del Consorcio TICCA, celebrada en Eslovenia. Este encuentro no solo permitió consolidar la hoja de ruta estratégica de la región, sino también promover nuevas alianzas, entre ellas una posible colaboración con la Slovenian Association of Commons (Asociación Eslovena de Bienes Comunes).
El proceso de regionalización del Consorcio TICCA siguió siendo un pilar fundamental de esta labor. Los equipos regionales de coordinación, los consejos, los miembros, los miembros honorarios y los aliados desempeñaron un papel clave al conectar las prioridades locales con las oportunidades nacionales, regionales y globales. Gracias a su trabajo, el apoyo se basó en las prioridades autodeterminadas de los custodios, en lugar de imponerse mediante un modelo único y centralizado.

Medidas, logros y desafíos durante 2025
El Plan Estratégico 2024-2028 proporciona al Consorcio TICCA un rumbo común basado en cuatro metas: apoyar el autofortalecimiento, promover el reconocimiento y los derechos, incidir en actores externos y fortalecer a la organización. En 2025, estas metas se tradujeron en acciones concretas en los territorios, las regiones, los espacios internacionales de formulación de políticas, las comunicaciones, las alianzas y los sistemas internos. Al mismo tiempo, el año también puso de manifiesto los límites de la capacidad actual del Consorcio. Las crecientes expectativas, la incertidumbre financiera, la desigualdad en los sistemas de documentación, las necesidades en materia de justicia lingüística, la presión administrativa y el riesgo de agotamiento condicionaron el ritmo y la profundidad del trabajo.
La Meta 1
tiene como objetivo defender las prioridades autodeterminadas y los procesos de autofortalecimiento de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en favor del bienestar de los territorios de vida.
En 2025, esta siguió siendo el área más sólida y visible del trabajo del Consorcio, especialmente allí donde la coordinación regional permitió a las comunidades organizarse, documentarse, deliberar y actuar de acuerdo con sus propias prioridades. El Consorcio logró avances significativos en el fortalecimiento de la infraestructura del movimiento y en la prestación de un apoyo adaptado a cada región. No obstante, el respaldo al autofortalecimiento siguió siendo desigual. Algunas regiones contaron con estructuras de coordinación más consolidadas, mayor capacidad de facilitación y mejor acceso a los recursos, mientras que otras tuvieron que trabajar con presupuestos limitados, restricciones políticas, barreras lingüísticas o estructuras institucionales frágiles.
La Meta 2
busca promover el reconocimiento adecuado de los territorios de vida, así como el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de sus custodios.
Durante 2025, el trabajo del Consorcio en esta materia abarcó la documentación controlada por las comunidades, las peticiones, la coordinación de los procesos relacionados con los registros, la incidencia jurídica y política, las salvaguardias, el CLPI, los derechos de las personas defensoras del medioambiente y la difusión de narrativas públicas más claras sobre los territorios de vida. Sin embargo, el reconocimiento sigue siendo una de las áreas de trabajo más complejas. Las vías jurídicas y políticas varían considerablemente de un país a otro, y el reconocimiento formal puede tardar años.
La Meta 3
tiene como propósito influir en los actores externos y en sus prácticas para que apoyen adecuadamente las prioridades autodeterminadas de los territorios de vida y de sus custodios.
A lo largo del año, la labor de incidencia del Consorcio estuvo presente en los principales espacios de formulación de políticas y en el fortalecimiento de la defensa basada en alianzas, lo que amplió el alcance de sus mensajes y contribuyó a mantener visibles las prioridades de las comunidades en los foros internacionales. No obstante, uno de los principales desafíos en este ámbito es que la influencia resulta difícil de medir: participar en estos foros no se traduce automáticamente en una capacidad de impacto.
La Meta 4
pretende fortalecer la salud interna, la solidaridad, los sistemas, la gobernanza y la sostenibilidad de la organización para que pueda servir a los territorios de vida con integridad.
En 2025, el Consorcio logró avances importantes en la consolidación de su estructura organizacional. Mejoraron las dinámicas de coordinación, el aprendizaje organizacional se volvió más explícito y la regionalización dejó de ser un principio para convertirse en un modelo más operativo. Aunque el trabajo del Consorcio ha crecido en escala, complejidad y visibilidad, algunos sistemas internos aún requieren ser perfeccionados. Además, el riesgo de agotamiento se convirtió en una preocupación organizacional debido a la elevada carga de trabajo y a la capacidad limitada del personal, mientras que la sostenibilidad financiera siguió siendo un desafío fundamental.
Lecciones y perspectivas
La principal lección de 2025 es que el impacto del Consorcio radica en el trabajo colaborativo entre las comunidades, las intervenciones políticas y la incidencia en distintos niveles. Las asambleas regionales, el trabajo de documentación, la incidencia global, las comunicaciones y los sistemas organizacionales son elementos interdependientes y no funcionan de forma aislada. En ese sentido, 2025 puede entenderse como un año de implementación, consolidación y aprendizaje estratégico, que contribuyó a clarificar cuánto ha avanzado el movimiento y qué será necesario para sostenerlo en el futuro. El Consorcio dio pasos importantes en la regionalización, la incidencia en políticas, las narrativas de conservación basadas en los derechos y la consolidación de su estructura organizacional. Sin embargo, también enfrentó desafíos, entre ellos la incertidumbre financiera, la intensidad operativa, las desigualdades en los sistemas de documentación y la capacidad limitada para la planificación, el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje.
El rumbo para 2026 está claro: profundizar el apoyo regional, fortalecer las vías de reconocimiento, convertir el posicionamiento global en una mayor capacidad de influencia a nivel nacional y regional, mejorar los sistemas de documentación y aprendizaje, dotar de recursos adecuados a la justicia lingüística y las comunicaciones, mejorar la transparencia financiera y armonizar la ambición con el cuidado organizacional y la sostenibilidad. La fortaleza del Consorcio sigue siendo su capacidad para conectar territorios, regiones y espacios globales a través de la solidaridad y un propósito común. Preservar esa fortaleza requerirá ampliar la acción, fortalecer los sistemas, definir con mayor claridad las prioridades y cuidar mejor a las personas y las comunidades que sostienen esta labor.