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Nicaragua: Un año de violencia sistemática contra quienes defienden los derechos Indígenas

El informe conjunto de varias organizaciones de derechos humanos detalla la violencia sistemática y generalizada contra quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas Mayangna y Miskitu en la cuenca del Río Coco (Wangki) y en la Reserva de la Biosfera de Bosawás

Compartido por Dra. María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) y Miembro Honorario del Consorcio TICCA

 

 

Desde enero de 2020, el conflicto por la tierra y el patrón de violencia sistemática y generalizada contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas Mayangna y Mískitu se ha agudizado de manera preocupante. Ello se debe a la impunidad con la que actúan los perpetradores y ejecutores del tráfico ilegal de tierras y a la usurpación de los recursos naturales y de la tierra en general facilitada y permitida por las autoridades estatales en lo que parece una política de colonización interna encubierta por parte del Estado.

Las comunidades y territorios Mayangna y Mískitu se encuentran en la cuenca del Río Coco (Wangki) y en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, ubicados en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN). Esta reserva fue reconocida por el programa “El hombre y la biosfera” de la UNESCO en octubre de 1997 y ratificada por el Gobierno de Nicaragua en el 2001.

Esta zona forma parte del corazón del corredor biológico mesoamericano y es a su vez la segunda más grande de las selvas tropicales del continente americano, después de la selva Amazonas. En base a ello es considerada un patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Bosawás es el territorio tradicional de los Pueblos Indígenas Mískitu y Mayangna, titulado como tal por el Estado de Nicaragua en el año 2005 [1].

Desde enero de 2020, se contabilizaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría de ellos miembros del Pueblo Indígena Mayangna, y dos agresiones a dos niñas indígenas Mískitu menores de edad, frente a un total de 49 Indígenas Mískitu muertos, 49 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos entre 2011 y 2020, de acuerdo con el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN). Asimismo, se estima que, debido a la violencia, alrededor de 1000 personas indígenas Mískitu se encuentran actualmente desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas con Honduras. Estos actos son cometidos por actores no estatales bajo la aquiescencia estatal que, como se desarrollará a continuación, no investiga los hechos. CEJUDHCAN también ha denunciado una grave inseguridad alimentaria entre los Indígenas privados de sus tierras y medios de vida, generando un inminente etnocidio, por el exterminio que están sufriendo estos Pueblos Indígenas de Nicaragua.

Efectivamente, las comunidades y personas defensoras de los derechos indígenas Mayangna y Mískitu se encuentran sometidas a constantes amenazas por parte de grupos de personas no indígenas (de aquí en adelante “colonos” [2]), quienes incursionan en tierras indígenas con el objetivo de desplazar a la población de manera forzosa y ocupar sus tierras para llevar a cabo actividades ilegales de minería, siembra de marihuana, ganadería y tala de madera. En el marco de estas agresiones, destaca un patrón de ataques deliberados contra los medios de subsistencia de las comunidades, incluidos sus recursos naturales, medios de transporte, bosques, ganado y sus cosechas. Todo esto evidencia esta voluntad de los atacantes de provocar su desplazamiento forzoso.

Sangnilaya

Reclamos de las comunidades indígenas del Bloque SIPBAA, municipio de Puerto Cabezas. Foto © CEJUDHCAN

Los actos violentos perpetrados contra las personas y comunidades Mayangna y Mískitu se enmarcan en un contexto de conflicto por el control de la tierra y de los recursos naturales en territorios indígenas, que tiene su origen en la falta de implementación de la última etapa de demarcación y titulación de tierras indígenas: el saneamiento. Esta quinta etapa consiste en definir los derechos de propiedad de terceros en territorios indígenas, de acuerdo con el Art. 45 de la Ley 445/2003 de Nicaragua.[3]

A pesar de que existen 23 territorios indígenas conformados por 304 comunidades, cuyas tierras tradicionales han sido tituladas por el Estado como tales, en todos ellas las autoridades nicaragüenses han fallado en implementar la fase de saneamiento. Así, la inseguridad jurídica y la facilitación de la inmigración de colonos procedentes del resto del país han facilitado la ocupación y el tráfico ilegal de tierras indígenas en estos territorios, expandiendo la frontera agrícola y ganadera sobre el bosque de los territorios indígenas y causando su deterioro y destrucción. Lo anterior aunado a un impulso de las actividades extractivistas por parte de empresas forestales, mineras y pesqueras, al impulso del monocultivo de la Palma Africana y al anuncio del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua.

Además, la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos indígenas Mayangna y Mískitu es exacerbada por la impunidad sistemática de la violencia ejercida contra ellos. Las amenazas, agresiones, asesinatos y desplazamientos forzosos no son investigados por las autoridades nicaragüenses y, por lo tanto, los responsables materiales e intelectuales nunca son enjuiciados.

Todo ello pese a que los derechos de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes son reconocidos por la normativa interna nicaragüense [4], de conformidad con lo establecido en tratados regionales e internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas [5].

Asimismo, el Estado de Nicaragua ha fallado en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2015 a 12 comunidades indígenas Mískitu y una Mayangna [6]. El Estado tampoco ha cumplido con su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos exigidos por la Corte IDH en 2017.

Con la publicación de este briefing, el Observatorio junto con el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) y CEJUDHCAN quieren evidenciar el patrón de violencia sistemática ejercida contra las personas y comunidades defensoras de los derechos de los Pueblos Indígenas Mískitu y Mayangna de la Reserva de Biosfera de Bosawás y la cuenca del Rio Coco (Wangki), y visibilizar los ataques violentos que se han producido en su contra desde enero de 2020.

Lea el informe conjunto en línea.

 

[1] La Reserva de Biosfera Bosawás está situada por los territorios de los municipios Wiwilí, El Cuá y San José de Bocay del departamento de Jinotega, Wiwilí de Nueva Segovia, Waslala, Bonaza, Siuna y Waspán de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

[2] Personas no indígenas que invaden territorios indígenas y pretenden permanecer en ellos de forma violenta usurpando tierras y recursos naturales, sin que las autoridades estatales cumplan con su deber de protección de los pueblos indígenas ni de sus territorios.

[3] De acuerdo con lo establecido en la Ley 445/2003 de Nicaragua, las etapas del proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas son la presentación de solicitud, la solución de conflicto, la medición y amojonamiento, la titulación y el saneamiento.

[4] Artículos 5, 8, 11, 46, 49, 51, 52, 89, 90, 91, 121, 180 y 181 de la Constitución Política. Asimismo, las Leyes 445 y 28 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua establecen un régimen de autonomía en la Costa Caribe.

[5] Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA.

[6] Las comunidades de: Santa Fe, El Naranjal, El Cocal, Olopaywas, del territorio indígena miskitu Wanki Li Aubra; las comunidades indígenas miskitu de Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi en el territorio indígena de Wangki Twi-Tasba Raya; San Gerónimo, Esperanza Rio Coco y Klisnat, en el territorio de indígena Wangki Li Aubra; y la comunidad de Wiwilak en el territorio indígena de Lilamni Tasbaika Kum en la RACCN.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) es una organización no gubernamental fundada en 1990 cuya misión es la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua mediante el acompañamiento activo y moral a las personas en su autodefensa, la presencia inmediata en los conflictos, mediación propositiva, educación y comunicación movilizadora. El CENIDH es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT, así como de la FIDH.

El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) es una organización no gubernamental que desde 1996 promueve la divulgación y la efectiva aplicación de los derechos de las comunidades étnicas o afrodescendientes de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, y de los pueblos indígenas de Nicaragua; por medio de la asesoría legal a autoridades tradicionales y comunidades indígenas y afrodescendientes en la defensa y preservación de sus tierras comunales tradicionales y demás recursos naturales, de conformidad con los derechos establecidos en la Constitución Política de la Republica de Nicaragua.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) es una organización no gubernamental integrada por profesionales indígenas que desde 2003 trabaja en el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, para fomentar acciones que favorezcan la equidad de género, la defensa de sus derechos territoriales y mayor toma de decisión a nivel local, regional, nacional e internacional.

Foto portada: Territorio Sauni As, Reserva de la Biosfera Bosawás, enero de 2021. Foto: Via omct.org