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OPINIÓN: Conservar la naturaleza, proteger los derechos humanos

En esta foto de Ecuador se ve el río Bobonaza en los territorios de vida de los pueblos indígenas de Sarayaku. Foto: Wachachik

Gran parte de los ecosistemas remanentes se encuentran en tierras de los Pueblos Indígenas, pero están en peligro

Por John Knox (Miembro Honorario del Consorcio TICCA)
Profesor de la Universidad Wake Forest, fue Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente de 2012 a 2018

y Victoria Tauli-Corpuz
Miembro del Pueblo Kankana-ey-Igorot de Filipinas, fue la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2014 a 2020

Actualmente, los gobiernos están debatiendo un plan internacional de conservación para la naturaleza que marcará el rumbo de la próxima década. Lo que está en juego no podría ser mayor: un millón de especies se está extinguiendo, por lo que el futuro de la vida en este planeta depende realmente de que se tenga éxito en la conservación.

La parte del proyecto de plan que más atención ha recibido es el objetivo 30×30, que hace un llamado a ampliar las zonas terrestres y marinas conservadas para proteger el 30% del planeta para el año 2030, es decir, más del doble de la extensión de las zonas designadas para la conservación.

Muchos gobiernos han expresado su apoyo y Estados Unidos acaba de publicar su plan 30×30, pero el objetivo 30×30 es sólo un elemento dentro de un amplio marco mundial de la diversidad biológica, que se adoptará en octubre en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

No es el primer intento de plan global para salvar la naturaleza. En 2010, las Partes del CDB acordaron 20 objetivos que debían cumplirse antes de 2020. Ese plan fracasó por completo: ninguno de los objetivos se cumplió en su totalidad y sólo seis se cumplieron parcialmente.

Desgraciadamente, como han señalado las organizaciones Indígenas y otras, el plan actual va en camino de repetir el error que socavó los esfuerzos anteriores: no reconocer que la mejor manera de proteger la naturaleza es proteger los derechos humanos de quienes viven en ella.

Gran parte de los ecosistemas naturales remanentes se encuentran en tierras de los Pueblos Indígenas, que a menudo han demostrado ser mejores que los gobiernos en la protección contra la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, los están atacando las mismas fuerzas que destruyen la naturaleza, tales como el acaparamiento de tierras, la tala, la minería y la caza furtiva.Cuando intentan proteger sus formas de vida, se enfrentan al acoso, la violencia e incluso la muerte. De los 331 defensores de derechos humanos asesinados en 2020, más de dos tercios eran defensores de los derechos Indígenas, de la tierra o del medio ambiente.

Más que reforzar los derechos de estos defensores del medio ambiente en sus tierras tradicionales, muchos gobiernos han considerado históricamente que el parque nacional ideal es aquel sin seres humanos. A menudo han expulsado violentamente a sus habitantes, tratándolos como enemigos y no como aliados.

Hoy en día, los gobiernos y las organizaciones conservacionistas dicen que rechazan la conservación excluyente, pero muchas áreas protegidas siguen excluyendo a sus habitantes originales. Cuando regresan a sus hogares ancestrales, los guardabosques los detienen o hacen algo peor. En los dos últimos años, los informes describen denuncias de que los guardabosques en África y Asia cometieron graves abusos contra las comunidades locales, como asesinatos, violaciones y torturas.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) e indirectamente sus donantes estaban pagándole a muchos de los guardabosques involucrados y los equipaban . Las denuncias dieron lugar a varias investigaciones, entre ellas la de un grupo de expertos independientes encargado por el WWF, en el que participó uno de nosotros (John Knox).

En noviembre, el grupo de expertos informó que el WWF ha apoyado a los guardabosques durante años a pesar de conocer los presuntos abusos y que a menudo ha incumplido sus propias normas de derechos humanos. Sus fallos se han debido en gran parte a su falta de expertos en derechos humanos, incluidos los propios Indígenas.

En su respuesta, el WWF no se disculpó ni aceptó su responsabilidad, pero prometió nombrar a un Defensor del Pueblo (a partir de agosto) y adoptar un proceso de evaluación de riesgos inspirado en el del Banco Mundial (que se abrió a consulta pública este mes). Sin embargo, el WWF no se comprometió a añadir el personal experto necesario para aplicar protecciones efectivas contra los abusos y rechazó la recomendación del panel de tener al menos a una persona Indígena en su junta directiva.

El WWF no es el único con casos así. La falta de integración de los derechos humanos está presente en todo el sector de la conservación internacional. Investigaciones recientes del gobierno de EE.UU. y del Programa de la ONU para el Desarrollo  concluyeron que tampoco han seguido las salvaguardias para garantizar que sus fondos de conservación no contribuyan a las violaciones a los derechos humanos.

El borrador del marco global de diversidad biológica menciona, debidamente, que es necesario un cambio transformador. Para que se produzca, los gobiernos deben centrarse en los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en todo el marco, incluida la meta 30×30.

Esto significa que, como mínimo, las áreas protegidas y otras iniciativas de conservación deben reconocer y respetar la titularidad, la tenencia, el acceso y los derechos de gestión de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en sus tierras y territorios colectivos, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción que les afecte.

Los guardabosques deben estar formados según las normas internacionales y sujetos a una revisión y rendición de cuentas efectivas. Los residentes locales deben tener acceso a mecanismos independientes que puedan recibir denuncias y ofrecer soluciones a las violaciones. Las autoridades de los parques y las organizaciones de conservación deben informar públicamente sobre el cumplimiento de las normas de derechos humanos.La financiación de los proyectos de conservación debe circular solo si se cumplen estas normas básicas y los donantes deberían ayudar mucho más a las organizaciones de conservación Indígenas y locales directamente.

En resumen, para conservar la naturaleza, los gobiernos deben proteger primero los derechos de quienes están en la primera línea de la conservación.


Otros tres relatores especiales actuales y anteriores de la ONU también han firmado este artículo: David Boyd, actual Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; Mary Lawlor, actual Relatora Especial sobre defensores de los derechos humanos; y Michel Forst, antiguo Relator Especial sobre defensores de los derechos humanos. 

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La versión en inglés de este artículo fue publicada originalmente por la Fundación Thomson Reuters. Véase aquí.

Traducido del inglés por Manuel May

Revisado por Daniela Campos Rubio