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Apoyar la pesca indígena y comunitaria, resguardarla de las áreas protegidas excluyentes y de la llamada “economía azul”

Declaración de solidaridad del Consorcio TICCA en el Día Mundial de la Pesca 2021

Los pescadores a pequeña escala de todo el mundo se unieron y fundaron un movimiento internacional, el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores, el 21 de noviembre de 1997. Desde entonces, cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Pesca. Esta declaración de solidaridad fue preparada en colaboración con varios Miembros y Miembros honorarios del Consorcio TICCA cuyo trabajo está centrado en la pesca comunitaria.


Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales son los cuidadores y guardianes de los océanos, las costas, los ríos y los lagos de la Madre Tierra por medio de sus culturas, sistemas de gobernanza, conocimientos y prácticas diversas e irreemplazables. Para muchos Pueblos Indígenas y comunidades locales, la pesca es parte inseparable de sus sistemas alimentarios, su diversidad biocultural y sus territorios acuáticos de vida. Mediante sus pesquerías comunitarias, contribuyen significativamente no solo a la soberanía alimentaria local sino también a la seguridad alimentaria mundial.

El aumento de la atención mundial dedicada a la pesca a pequeña escala es alentador. Sin embargo, no se hacen distinciones suficientes entre la pesca a pequeña escala en general y la pesca indígena y comunitaria en particular, y cuestiones fundamentales relativas a esta última, como la autodeterminación y la autogobernanza, se pasan por alto a menudo. Además, los derechos y el bienestar de los pescadores costeros y marinos, así como de las comunidades pesqueras se ven significativamente socavados por los nuevos desarrollos de la economía marítima, también conocida como economía azul.

Asimismo, el borrador actual de los objetivos “30 by 30” para áreas protegidas y conservadas en el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 está llevando a acalorados debates. Tal como están redactados actualmente, este tipo de objetivos de conservación basados en áreas conllevan implicaciones significativas para las pesquerías indígenas y comunitarias. La experiencia existente sugiere que podrían implementarse en modos que no solo generarán mayores desigualdades y una mayor presión sobre los recursos marinos, sino que tampoco producirán los dos resultados deseados de conservación y gestión sostenible.

En las últimas semanas, los gobiernos y donantes del sector privado han hecho compromisos multimillonarios para la conservación de la naturaleza y los problemas climáticos, los cuales hacen referencia de formas variables a la importancia de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Existe una necesidad urgente de revisar y evaluar de manera crítica los mecanismos de financiación existentes (a través de los cuales una pequeña fracción de los fondos se destina a los Pueblos Indígenas y a las comunidades locales) y desarrollar diferentes enfoques para compartir y redistribuir el poder y la riqueza. Como se indica en nuestro Informe 2021 sobre los territorios de vida, la financiación basada en los derechos humanos representaría una palanca clave para la implementación equitativa y efectiva de los compromisos globales, incluidos los relacionados con la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible. Hay que hacer mucho más para garantizar que dichos esfuerzos sean definidos, dirigidos y guiados por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y sus organizaciones, y que se puedan arraigar a movimientos sociales más amplios para el cambio de sistema.

En este contexto, los responsables políticos, mundiales y nacionales, y otras partes interesadas deben actuar apoyando a los Pueblos Indígenas y a las comunidades pesqueras y costeras locales para garantizar sus territorios y áreas colectivas y el acceso a los recursos pesqueros, fortalecer sus sistemas de gobernanza autodeterminados y preservar sus culturas y formas de vida en sus propios términos. Esto requiere reformas significativas en los sistemas políticos y legales nacionales, así como en los sistemas económicos y financieros internacionales.

Instamos a los gobiernos, los donantes, las ONG y otros a cumplir con sus responsabilidades con los Pueblos Indígenas y las comunidades pesqueras y costeras locales:

  • Reconociendo y defendiendo los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades pesqueras a la autodeterminación y a la autogobernanza de sus aguas, pesquerías y territorios de vida, y apoyando sus procesos de autodeclaración y reconocimiento mutuo.
  • Apoyando y permitiendo que los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los usuarios tradicionales de los recursos (incluidas las mujeres y los jóvenes) consigan garantizar sus derechos de propiedad, tenencia, acceso y recursos según lo estipulado por los instrumentos internacionales existentes, como las Directrices voluntarias de la FAO sobre la tenencia y la pesca a pequeña escala y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.
  • Respetando el derecho de todos los pueblos, incluidos los Pueblos Indígenas en virtud de la DNUDPI, a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado para cualquier actividad que pueda afectarles (incluyendo la creación de zonas protegidas, la pesca industrial e infraestructuras físicas), y garantizando que estos y otros derechos de procedimiento se respeten en la práctica.
  • Valorando los sistemas de conocimiento indígenas, locales y de las mujeres junto con otras fuentes de conocimiento científico y técnico en la toma de decisiones y en la gobernanza de los bienes comunes acuáticos y la pesca.
  • Identificando y poniendo freno a los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad acuática y del deterioro climático, así como a las amenazas específicas contra la supervivencia y los medios de vida de las comunidades que sostienen y defienden nuestro planeta.
  • Llevando a cabo el proceso de debida diligencia, que incluya el consentimiento libre, previo e informado, para evitar el solapamiento o cualquier tipo de daño a los Pueblos Indígenas y a las comunidades locales y sus territorios de vida, antes de financiar o tomar medidas para establecer nuevas áreas protegidas o conservadas, o ampliar las existentes.
  • Financiando y potenciando adecuadamente la gobernanza medioambiental (regulando las industrias extractivas, la contaminación y las infraestructuras, y apoyando las áreas protegidas) y los derechos humanos (incluyendo específicamente los derechos de los Pueblos Indígenas) a nivel nacional y subnacional.
  • Apoyando el desarrollo de mecanismos flexibles por medio de los cuales los Pueblos Indígenas y las comunidades locales que mantienen sus territorios consuetudinarios y sus pesquerías comunitarias puedan acceder a ayudas políticas, técnicas, financieras y de otro tipo de acuerdo con sus prioridades autodeterminadas.
  • Contribuyendo y cooperando con los mecanismos de transparencia y responsabilidad de los titulares de obligaciones, como protocolos, códigos de conducta y requisitos de financiación basados en los derechos.