En 1972 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, también conocida como Conferencia de Estocolmo, tras una oleada de preocupación pública por los problemas ambientales durante los años 60 (especialmente en el Norte Global). La conferencia estableció los cimientos para la gobernanza global del medio ambiente y del desarrollo sostenible, estableciendo conexiones importantes entre los derechos humanos, la reducción de la pobreza y la protección ambiental. El término “desarrollo sostenible” se acuñó y definió en el informe Brundtland de 1987 (“Nuestro futuro común”). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 –también conocida como Cumbre de Río– fue el mayor encuentro ambiental de la historia y llevó a la adopción de las tres “Convenciones de Río”, todas ellas vinculantes: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. También llevó a la adopción de la Agenda 21 y la Declaración de Río, que enumeró una serie de principios fundamentales del derecho ambiental internacional, incluyendo los de participación pública, precaución y el de ‘quien contamina paga’. Desde de las conferencias de Estocolmo y Río de Janeiro se han adoptado cientos de acuerdos ambientales internacionales en cuestiones que van desde la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de recursos marinos y de las aguas continentales hasta las substancias peligrosas y la contaminación.

En 2012, el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) reconoció a los Pueblos Indígenas y a las comunidades locales en varias disposiciones, afirmando también que “las políticas de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza deberían” mejorar su bienestar, reconocer y apoyar su identidad, cultura e intereses, evitar poner en peligro su patrimonio cultural y conocimiento tradicional, y respetar los enfoques para la erradicación de la pobreza no basados en los mercados (párrafo 58 (j)). En 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establecieron una agenda global hasta 2030 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de paz y prosperidad. Muchos de los ODS son relevantes para los TICCA, aunque probablemente no prestan suficiente atención a los derechos y a las contribuciones de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales en cuestiones como detener la deforestación, conservar los ecosistemas terrestres y continentales, y el uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros.

Tanto dentro como más allá del régimen de desarrollo sostenible global existen fuertes movimientos sociales y redes de la sociedad civil que están haciendo presión para que se reconozcan los derechos humanos colectivos e individuales en el contexto de los diferentes sistemas de soberanía alimentaria, incluidos los derechos de las/os campesinas/os, los derechos de las/os trabajadores/as de la pesca y ganadería y los derechos de las/os pastoras/es. Hasta cierto punto, los derechos de los agricultores están reconocidos en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de 2001 (Artículo 9) y los derechos de los trabajadores pesqueros están reconocidos en las Directrices voluntarias de la FAO para asegurar la pesca sostenible a pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza. Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales también son relativamente reconocidos en las Directrices voluntarias de 2012 de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018) reconoce tanto los derechos individuales como colectivos de las personas y comunidades que tienen su sustento en prácticas tradicionales como la agricultura, la pesca y la ganadería.

El Consorcio TICCA y sus Miembros han estado activamente involucrados en estos procesos internacionales durante años, así como en campañas de la sociedad civil para asegurar los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales a la tierra y los recursos. Los TICCA son ejemplos poderosos de la custodia colectiva de tierras, aguas y sistemas de soberanía alimentaria que tienen sus raíces en cosmovisiones alternativas en cuanto a modos de vida y bienestar. Las prioridades incluyen (entre otros aspectos): documentar los vínculos entre los TICCA y los derechos y responsabilidades colectivos sobre las tierras, aguas y recursos comunes; analizar críticamente los enfoques generales del desarrollo sostenible y los mecanismos de financiación relacionados y contribuir a generar narrativas alternativas de sostenibilidad y bienestar; fortalecer el reconocimiento de los derechos de las/los agricultores/as de subsistencia y pequeña escala, trabajadoras/es de la pesca, pastoralistas y ganaderas/os y cazadores-recolectores; y apoyando la aplicación efectiva de las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza de la tenencia de tierras y la pesca a pequeña escala y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

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