Las comunidades adivasis enfrentan la creciente militarización y la expansión de la industria minera en la India central
First published on 04/21/2026
En el estado de Chhattisgarh, India, en la región boscosa y montañosa de Bastar, los Pueblos Indígenas conocidos como Adivasi enfrentan diversos factores que, en su conjunto, amenazan sus vidas, sus medios de subsistencia y sistemas de gobernanza. Entre estos factores podemos mencionar la militarización, las detenciones y la expansión de la minería.
Con una extensión aproximada de 33 000 kilómetros cuadrados, Bastar es un territorio de gran biodiversidad y alta sensibilidad ecológica, donde viven alrededor de 2,7 millones de personas, de las cuales cerca de dos tercios son Adivasi, entre los que se encuentran las comunidades Gond, Maria, Halba y Muriya.
Durante más de dos décadas, Bastar ha sido también uno de los principales epicentros de una insurgencia armada liderada por el Partido Comunista de India (Maoísta), al que el Estado indio se refiere como extremismo naxalita o de «izquierda», y cuyo accionar se ha concentrado en comunidades adivasis. El Gobierno utilizó esta situación como fundamento para situar a la región bajo un enfoque de seguridad nacional, mediante amplias operaciones de contrainsurgencia y una militarización que han marcado tanto la gobernanza como la vida cotidiana.
En diciembre de 2023, el ministro del Interior declaró públicamente que la insurgencia sería erradicada antes del 31 de marzo de 2026, lo que estableció un plazo político que, desde entonces, ha dado paso a una nueva fase de operaciones de seguridad en las áreas forestales habitadas por las comunidades adivasis.
Los informes provenientes de la zona describen un aumento de las operaciones armadas, la expansión de los campamentos de seguridad, asesinatos calificados como enfrentamientos contrainsurgentes y el encarcelamiento de líderes de movimientos juveniles orientados a la consolidación de la paz con base en la justicia, en aplicación de estrictas leyes antiterroristas y de seguridad pública.
Al mismo tiempo, se otorgan concesiones mineras a empresas privadas, los permisos de exploración se convierten en autorizaciones de extracción y se talan bosques para dar paso a la actividad minera y la industria.
Para las comunidades adivasis de Bastar, estos acontecimientos se perciben como dos caras de una misma moneda. La militarización, la criminalización de la organización comunitaria y la expansión de la industria extractiva avanzan simultáneamente en una de las regiones más ricas en minerales del país y en la tierra ancestral de millones de indígenas.
Muchas de las comunidades adivasis de la región dependen del bosque. Sus ciclos agrícolas, prácticas de recolección de productos forestales, instituciones culturales y sistemas de gobernanza están estrechamente vinculados a la tierra, los bosques y los ríos locales («jal, jangal, jameen»), gestionados de manera colectiva y sostenible desde hace generaciones.
La zona es rica en hierro, carbón, estaño y minerales de tierras raras; sin embargo, pese a esta abundancia de recursos, Bastar continúa siendo una de las regiones más empobrecidas de India según la mayoría de los indicadores sociales, como la salud, la alfabetización y el acceso a infraestructura.
Esta combinación de relevancia ecológica, riqueza mineral y una población indígena históricamente marginada en el ámbito político ha convertido a la región en un objetivo recurrente del desarrollo extractivo y de la violencia estatal ejercida contra la resistencia de la población local.
India es una democracia constitucional que reconoce formalmente protecciones especiales para las «tribus registradas», denominación oficial de las comunidades adivasis, en virtud del Anexo V de su Constitución. Legislaciones como la Ley de Derechos Forestales y la Ley de Disposiciones de los Panchayats (Extensión a las Áreas Registradas), comúnmente conocida como PESA, reconocen los derechos forestales comunitarios y exigen la consulta local en la toma de decisiones sobre la tierra y los recursos.
En principio, estos marcos proporcionan una base jurídica sólida para la autogobernanza indígena y para un modelo de desarrollo basado en el consentimiento. Sin embargo, en la práctica, gran parte de las tierras boscosas de Bastar sigue clasificada legalmente como bosque de propiedad estatal, incluso en los casos en que las comunidades han vivido, cultivado y gobernado estos territorios durante generaciones. Esto permite que las concesiones mineras e industriales se otorguen mediante procesos estatales que con frecuencia eluden el consentimiento comunitario.
La persecución de defensores adivasis de los derechos humanos continúa de manera persistente y, en muchos casos, sin investigación. Asimismo, las evaluaciones de impacto ambiental y las audiencias públicas exigidas por la legislación india se han realizado, en múltiples ocasiones, de forma apresurada o han sido objeto de manipulación, mientras que las licencias de exploración y extracción para concesiones mineras se han expedido en plazos procedimentales inusualmente breves.
Durante décadas, Bastar ha sido también un centro neurálgico de la insurgencia naxalita o maoísta, que se ha opuesto a la presencia de empresas mineras en la región. Muchos de sus integrantes proceden de comunidades rurales adivasis históricamente marginadas, lo que ha permitido al Estado presentar la zona como un problema de seguridad y definir el desarrollo en términos de eliminación de los grupos armados.
En este contexto, para muchas comunidades adivasis el desarrollo se ha vuelto sinónimo de desplazamiento, pérdida de bosques, militarización y una presencia estatal coercitiva. Activistas locales describen esta situación como «violencia del desarrollo»: un proceso en el que la extracción de recursos y la infraestructura llegan de la mano de operaciones militares.
Desde 2024, nuevos campamentos militares se han expandido por zonas forestales, en ocasiones ubicados a pocos kilómetros entre sí, lo que restringe la movilidad y genera condiciones en las que actividades cotidianas, como la recolección de productos forestales o la agricultura, implican el riesgo de detención o incluso de muerte.
Los asesinatos cometidos por la policía militarizada, descritos como enfrentamientos con insurgentes, constituyen en muchos casos ejecuciones extrajudiciales de civiles encontrados en el bosque. Asimismo, las denuncias por detenciones arbitrarias, violencia sexual e intimidación son cada vez más frecuentes.
| Año | Deaths | Arrests | Surrenders | Total | Deaths % | Arrests % | Surrenders % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 438 | 342 | 820 | 4.9 % | 53.4 % | 41.7 % |
| 2021 | 51 | 494 | 551 | 1,096 | 4.7 % | 45.1 % | 50.3 % |
| 2022 | 30 | 291 | 415 | 736 | 4.1 % | 39.5 % | 56.4 % |
| 2023 | 20 | 387 | 398 | 805 | 2.5 % | 48.1 % | 49.4 % |
| 2024 | 217 | 925 | 792 | 1,934 | 11.2 % | 47.8 % | 41.0 % |
En 2021, la juventud adivasi comenzó a organizar iniciativas de consolidación de la paz basadas en la justicia, con el objetivo de hacer frente a la violencia en toda la región de Bastar. Al mismo tiempo, exigía la aplicación de las garantías constitucionales, la rendición de cuentas por los abusos cometidos por personal militar y el reconocimiento de los derechos territoriales adivasis frente a la expansión minera.
En 2024 surgieron más de cuarenta puntos de protesta en todo el sur de Bastar. La plataforma juvenil más grande fue declarada ilegal y muchos de sus líderes fueron detenidos en virtud de leyes antiterroristas y contra la sedición, lo que frenó la movilización pública visible. Asimismo, decenas de jóvenes activistas indígenas han sido objeto de vigilancia, humillaciones, intimidación y detenciones, y la represión de los movimientos pacíficos ha reducido considerablemente el espacio cívico.
Mientras tanto, las operaciones de seguridad se han intensificado y las actividades mineras se han acelerado. De manera constante se publican licitaciones para nuevos bloques mineros y, en algunas zonas, ya comenzó el desmonte de tierras y bosques.
Las comunidades han señalado un patrón recurrente en el que la intensificación de las operaciones contra presuntos insurgentes viene acompañada del otorgamiento de derechos mineros y de la instalación física de infraestructura extractiva.
La versión oficial del Estado sostiene que, con la erradicación de la insurgencia, el desarrollo podrá avanzar sin obstáculos. Algunos informes recientes señalan que la frecuencia de los asesinatos ha disminuido ligeramente; sin embargo, la militarización continúa expandiéndose y muchos líderes juveniles permanecen detenidos.
La fecha del 31 de marzo de 2026, fijada como plazo para la erradicación de la insurgencia, sigue pesando sobre activistas locales y líderes comunitarios, quienes temen la reanudación de operaciones más intensas a medida que se acerca el día.
La crisis actual en Bastar, marcada por ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos masivos de activistas, la criminalización de la disidencia y el acaparamiento de tierras constituye un caso extremo de una tendencia global más amplia en la que los territorios indígenas son despojados en beneficio de la industria extractiva controlada por empresas y el Estado.
Lo que distingue a Bastar es la magnitud de la militarización y la violencia estatal, junto con la rapidez de la expansión minera en una región donde, aunque existen protecciones constitucionales formales, estas simplemente no se están aplicando.
A pesar de las denuncias presentadas ante mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y de la articulación con foros internacionales sobre derechos indígenas, la crisis sigue siendo relativamente invisible a escala global. Esto se debe, en parte, a que la India es considerada por muchos una democracia estable y, también, a que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan riesgos significativos al alzar la voz. Además, el acceso de periodistas y equipos de investigación está restringido, y a las organizaciones humanitarias internacionales, como la Cruz Roja, no se les permite el ingreso en absoluto.
Bastar y sus comunidades adivasis requieren una atención internacional sostenida. Una mayor visibilidad, el monitoreo independiente y la participación de la sociedad civil internacional, las redes indígenas, la comunidad investigadora, las instituciones de derechos humanos y los organismos internacionales de gobernanza son fundamentales para evitar que esta crisis continúe siendo invisible.
Defendamos a los adivasis de Bastar >>
