¿Qué implicaciones tiene la COP17 del CDB para el reconocimiento de los territorios de vida?

First published on 11/12/2026

Por Neema Pathak Broome, coordinadora del equipo de Política Internacional del Consorcio TICCA

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Si bien casi todos los temas del programa de la COP17 fueron cruciales para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, así como para sus territorios y áreas conservados (TICCA, territorios de vida)[1], algunas negociaciones tuvieron una particular importancia. En primer lugar, las relacionadas con la actualización del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PoWPA, por sus siglas en inglés); en segundo lugar, las relativas a los elementos propuestos para las directrices sobre las tareas 1.1 y 1.2 del Programa de Trabajo sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los pueblos indígenas y las comunidades locales hasta 2030 (en adelante, «directrices sobre los territorios indígenas y tradicionales»).

Los resultados de estos dos temas del programa fueron muy esperados, ya que podían plasmar la intención de la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming‑Montreal de reconocer tres vías claras para alcanzar el objetivo de conservar el 30 % de la superficie terrestre y acuática mundial para 2030: las áreas protegidas (AP), otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC) y los territorios indígenas y tradicionales (ITT, por sus siglas en inglés), cuando corresponda. Asimismo, se esperaba que permitieran traducir dicha intención en acciones concretas sobre el terreno, respaldadas por medios jurídicos, financieros e institucionales.

Los resultados de las negociaciones fueron variados. Aunque las negociaciones relativas al PoWPA no cumplieron con las expectativas, se lograron avances importantes en el marco de las directrices sobre los ITT. En este artículo analizamos las implicaciones de ambas negociaciones para los territorios de vida.

Sobre las directrices relativas a los territorios indígenas y tradicionales (ITT)

Tras las acciones de incidencia y las negociaciones lideradas por el caucus del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) —que contó con la participación de representantes del equipo de política y miembros del Consorcio TICCA, así como de otras organizaciones de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales—, las directrices sobre los ITT incorporaron una disposición fundamental: el párrafo 26.

Este párrafo incluye tres componentes clave:

1. Reconoce la contribución de los ITT a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad.
2. Establece que los ITT pueden complementar a las AP y las OMEC, y ser reconocidos de manera independiente de estas.
3. Dispone que, cuando los ITT se superpongan con las AP u OMEC, se deben aplicar las medidas de manejo de conformidad con el principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y con respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales.

Esto representa un avance significativo desde 2022, año en que se adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad. Se trata de la primera decisión del CDB que afirma explícitamente que los ITT (o TICCA, territorios de vida) pueden reconocerse como vías complementarias e independientes, sin necesidad de estar incluidos en las AP o las OMEC. Esto proporciona un marco de políticas claro a nivel nacional para reconocer los ITT o los TICCA, territorios de vida, como mecanismos de conservación diferenciados.

Cabe destacar que otros párrafos de las directrices refuerzan los derechos de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales custodios sobre sus territorios tradicionales, así como sus derechos relacionados con el uso sostenible consuetudinario, los sistemas de manejo y gobernanza, y las prácticas culturales. Otras disposiciones destacan la necesidad de proporcionar financiamiento directo a los ITT y establecen la obligación de hacer seguimiento e informar sobre su reconocimiento, gobernanza y contribuciones a la conservación. Además, reconocen el papel del monitoreo comunitario y la importancia de la soberanía de los datos.

Estas disposiciones podrían contribuir significativamente a aumentar el apoyo financiero a los TICCA, territorios de vida, que cuentan con recursos limitados; a respaldar sus estrategias para defender sus tierras y aguas frente a procesos de desarrollo destructivos, y a permitir que las comunidades sigan poniendo en práctica sus conocimientos tradicionales y sus sistemas de gobernanza.

Aunque aún persisten dudas sobre cómo se informará oficialmente sobre los ITT y los TICCA, territorios de vida, o cómo se contabilizarán en el marco de la Meta 3, tanto en los informes nacionales como en las plataformas mundiales, estos aspectos se aclararán en el período previo a la COP18, que se celebrará en Ecuador en 2028.

Actualización del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas

A diferencia de los avances en las directrices sobre los ITT, las negociaciones relacionadas con el PoWPA dejaron mucho que desear. Para comprender lo que se perdió, es necesario conocer el contexto: el PoWPA se adoptó por primera vez durante la COP7 del CDB, en 2004, con el propósito de orientar a los países en la planificación, el establecimiento y el fortalecimiento de sus sistemas de áreas protegidas. En aquel entonces, las áreas protegidas se consideraban la vía principal para alcanzar los objetivos de conservación.

El plan de trabajo del PoWPA se estructuró en torno a cuatro elementos interrelacionados, entre ellos el Elemento 2, relativo a la gobernanza, la participación, la equidad y la participación en los beneficios. Desde 2004, la cobertura mundial de las áreas protegidas ha aumentado considerablemente: pasó de aproximadamente el 12 % de las áreas terrestres y el 0,7 % de las áreas marinas a cerca del 17 % y el 10 %, respectivamente, a lo que se suma la aparición de las OMEC.

Sin embargo, la implementación de los compromisos del Elemento 2 continúa rezagada, en particular en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, su plena inclusión, la aplicación del CLPI en la designación de las AP y el reconocimiento de su papel central en la toma de decisiones. En consecuencia, el Elemento 2 sigue siendo uno de los aspectos del PoWPA menos abordados en los informes nacionales que las Partes presentan al CDB.

Los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales cuyos territorios se superponen con las áreas protegidas siguen enfrentando desplazamientos, exclusión de los procesos de toma de decisiones, restricciones a sus medios de vida, falta de reconocimiento de sus sistemas de gobernanza y criminalización de sus esfuerzos por defender sus tierras. Todo ello ocurre sin que existan mecanismos de reclamación y reparación sujetos a rendición de cuentas.

Además, las políticas nacionales de conservación siguen dando prioridad a las AP y las OMEC, y son pocos los países que han establecido marcos jurídicos específicos para reconocer la gestión autodeterminada de la conservación por parte de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales.

La actualización del PoWPA ofrecía una oportunidad crucial para armonizar este marco con las metas del Marco Mundial de Biodiversidad y reflejar dos décadas de avances en el desarrollo de las políticas internacionales. Esto debería haberse traducido en el reconocimiento explícito de los ITT y los TICCA, territorios de vida, como una vía de conservación distinta y en condiciones de igualdad con las AP y las OMEC.

Dado que el PoWPA constituye una referencia fundamental para la legislación nacional en materia de conservación, la inclusión de los ITT habría permitido garantizar la coherencia de las políticas con la decisión adoptada en el marco de las directrices sobre los ITT y contribuir a cerrar las brechas persistentes en la implementación relacionadas con los derechos humanos y la diversidad de los sistemas de gobernanza.

Sin embargo, pese a la incidencia constante por parte de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales y del apoyo de varios gobiernos, la oposición de un pequeño grupo de Partes impidió que los ITT se incluyeran en el alcance general del PoWPA actualizado o se reconocieran como una vía diferenciada. El alcance final del programa actualizado se amplió únicamente de «AP» a «AP y OMEC», y omitió la cláusula clave de la Meta 3, en la que se consigna: «…reconociendo, cuando proceda, los territorios indígenas y tradicionales».

Además, las negociaciones del PoWPA desaprovecharon la oportunidad de fortalecer las salvaguardias esenciales para garantizar una conservación equitativa y basada en los derechos dentro de las AP y las OMEC, así como de reducir la brecha de implementación que sigue sin resolverse en torno al Elemento 2.

¿Qué significa esto para los TICCA, territorios de vida?

La decisión de excluir los ITT del alcance principal del PoWPA tiene consecuencias prácticas. A nivel nacional, existe el riesgo de que esto perpetúe un enfoque centrado exclusivamente en las AP y las OMEC designadas por el estado, en el que los TICCA quedan subsumidos o excluidos por completo. Asimismo, podría limitar el acceso de los TICCA, territorios de vida que no forman parte de AP ni de OMEC a los marcos de apoyo técnico e institucional establecidos en el PoWPA.

Por ejemplo, la versión actualizada del PoWPA describe actividades de apoyo relacionadas con diversas metas del Marco Mundial de Biodiversidad:

• Meta 1: Integrar las AP y las OMEC en la planificación espacial de paisajes terrestres y marinos más amplios.
• Meta 4: Fortalecer las capacidades para abordar los conflictos entre los seres humanos y la vida silvestre, y promover la coexistencia.
• Meta 7: Mitigar los efectos de la contaminación en las áreas conservadas.
• Meta 15: Alentar a las instituciones financieras y las empresas a evaluar, divulgar y reducir los riesgos para la biodiversidad en todas las cadenas de suministro.

Estas iniciativas abordan las presiones que afectan directamente a los TICCA, territorios de vida, en particular las medidas contempladas en la Meta 15, que podrían contribuir a mitigar las amenazas derivadas de los megaproyectos industriales. La exclusión de los ITT independientes de estas áreas de alcance limita su inclusión formal en los programas de apoyo estatal establecidos en el marco del PoWPA.

Por otra parte, en el caso de los ITT y los TICCA, territorios de vida, que se superponen con AP y OMEC existentes, el PoWPA actualizado sí incluye disposiciones específicas:

• Meta 3: Hace un llamado a fortalecer las directrices sobre el reconocimiento, el respeto, la promoción y la protección de los ITT, mediante enfoques específicos para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
• Meta 19: Aborda el financiamiento accesible para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, incluidas las mujeres y la juventud, en el contexto de las AP y las OMEC.
• Meta 22: Incorpora disposiciones sobre el acceso a la información, la participación plena y equitativa en los procesos de toma de decisiones, el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Aún quedan importantes salvaguardias pendientes

Las principales interrogantes sobre los derechos y la gobernanza en las AP y las OMEC siguen sin respuesta:

1. Las Partes no asumieron un compromiso explícito y vinculante con un enfoque basado en los derechos humanos para la implementación del PoWPA. El texto solo incluye una referencia general a la sección C del Marco Mundial de Biodiversidad, por lo que se perdió la oportunidad de situar los derechos humanos en el centro de las medidas de conservación.
2. Las disposiciones sobre el acceso a la justicia y a mecanismos eficaces de reclamación quedaron entre corchetes en el texto final de las negociaciones, lo que refleja la falta de consenso. Esto representa una brecha crítica, dado que los análisis de la COP17 del CDB identifican el acceso a la justicia como uno de los componentes de la gobernanza de la biodiversidad menos implementados a nivel mundial.
3. El reconocimiento explícito de los sistemas de gobernanza consuetudinarios de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en las zonas superpuestas con AP y OMEC también quedó entre corchetes. Esto genera el riesgo de que se impongan mecanismos administrativos externos en los territorios tradicionales, lo que socavaría la libre determinación local y el derecho consuetudinario.
4. Aún se necesitan compromisos sólidos y concretos que garanticen que los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales reciban financiamiento directo y accesible, de acuerdo con sus prioridades autodeterminadas.

Próximos pasos

Los resultados alcanzados en el marco del artículo 8 j) proporcionan una base política sólida para promover el reconocimiento nacional de los TICCA, territorios de vida, como vías de conservación diferenciadas. La prioridad ahora es plasmar estos logros en los marcos jurídicos nacionales y, al mismo tiempo, abordar las brechas que persisten en el PoWPA. Lograr una conservación equitativa y eficaz requiere coherencia entre los distintos programas de trabajo del CDB, salvaguardias sólidas en materia de derechos humanos, acceso a la justicia con rendición de cuentas y apoyo directo a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, como principales custodios de la biodiversidad.

[1] Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2019). Glosario de términos y conceptos clave pertinentes para usar en el contexto del artículo 8 j) y disposiciones conexas (p. 9). https://www.cbd.int/doc/guidelines/cbd-8j-GlossaryArticle-es.pdf