El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís hace un llamado a las autoridades nacionales del Perú para que atiendan el derrame del Oleoducto Norperuano que viene afectando a las comunidades Wampís
First published on 10/21/2022, and last updated on 09/21/2023
Por El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW)
Miembro, Consorcio TICCA
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís hace un llamado urgente a las autoridades nacionales a atender de manera inmediata el derrame en el km 177 del Oleoducto Norperuano, originado en la comunidad Wampís de Mayuriaga y aledaños que está afectando al territorio de la Nación Wampís.
Además, Petroperú no ha llegado a ningún acuerdo ni tampoco muestra disposición para dialogar con la comunidad de Mayuriaga respecto a las acciones de remediación y limpieza ambiental que se deben realizar en su territorio. No es posible que a 42 días de sucedido el derrame, la población de la comunidad continue sin que sus demandas sean atendidas.
La larga lista de derrames en distintas partes del Oleoducto durante los últimos meses y años debería ser una preocupación y motivo para una atención estructural por parte del estado y de la empresa Petroperú, con el fin de dar una solución integral y definitiva que evite derrames permanentes, una afectación grave de los derechos humanos y daños ambientales.
Los territorios de las naciones amazónicas se encuentran en emergencia desde la llegada de la nefasta industria de los hidrocarburos. Todos los gobiernos sin excepción, desde la construcción del Oleoducto Norperuano (ONP) en 1972, han mostrado su completo desdén hacia la integridad de nuestros pueblos, exponiéndonos a continuos derrames sin tomar acciones para frenar sus causas más frecuentes: la corrosión, la falta de mantenimiento y las fallas operativas. Es más, en todos los años de existencia del reglamento sobre transporte de hidrocarburos por ductos a nivel nacional, Petroperú no ha cumplido con la adecuación del ONP y fue multado con 12 millones de soles en 2016 por dicha falta aún no subsanada. Tamaño descuido hacia un “activo crítico nacional”, como ellos suelen referirse al ducto, es imperdonable.
Estamos cansados de que los gobiernos continúen avalando este sistema que permite que, de forma constante, las empresas petroleras vulneren los derechos humanos elementales de las naciones originarias, con la opción de judicializar las medidas sancionadoras para aplazarlas ad-infinitum, mientras nuestras infancias sufren las consecuencias de un ambiente contaminado. Tantas veces Petroperú ha ocasionado derrames en territorios amazónicos y tantas veces ha evadido su responsabilidad. Tan solo en el territorio Wampís, la comunidad de Mayuriaga ha sufrido 3 grandes derrames en los últimos 8 años, siendo el último el del km 177. ¿Cuáles han sido las acciones de Petroperú? Nada más que judicializar una de las resoluciones del OEFA[1] que señalaba que Petroperú incumplió con dar mantenimiento al oleoducto en la zona en que sucedió el derrame del 2 de febrero de 2016 y que tampoco adoptó acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos de dicho derrame. Con esta acción administrativa contenciosa, Petroperú pretende evadir el pago de cerca de 8 mil UIT, lo que equivale a 35 millones de soles.
Por lo tanto, exigimos al gobierno de turno que haga cumplir la ley para que Petroperú asuma su responsabilidad sobre estos crímenes ambientales y la vulneración de nuestros derechos, y que deje de actuar como si estos derrames fueran eventos aislados y casuales. Reiteramos la urgencia de que las instituciones estatales atiendan de manera pertinente y coordinada las exigencias de las comunidades cuyos territorios se han visto afectados por el derrame del 9 de septiembre y que aseguren que las actividades de limpieza y remediación ambiental cumplan con los requerimientos sanitarios y sean eficientes.
Finalmente, pedimos al gobierno que considere cortar la espiral tóxica de los derrames ocasionados por el mal estado del Oleoducto Norperuano, haciendo valer la exigencia de que este se encuentre en condiciones adecuadas o, de lo contrario, no permitir que vuelva a operar.
Resolución No. 015-2019-OEFA/TFA- SE de fecha 6 de diciembre de 2019 Petroperú asuma su responsabilidad de estos crímenes ambientales y la vulneración de nuestros derechos, y que deje de actuar como si estos derrames fueran eventos aislados y casuales. Reiteramos la urgencia de que las instituciones estatales atiendan de manera pertinente y coordinada las exigencias de las comunidades cuyos territorios se han visto afectados por el derrame del 9 de setiembre; que aseguren que las actividades de limpieza y remediación ambiental cumplan con los requisitos sanitarios y sean eficientes.
Finalmente, pedimos al gobierno que considere cortar la espiral tóxica de los derrames ocasionados por el mal estado del oleoducto norperuano, haciendo valer la exigencia de que el oleoducto sea adecuado o, de lo contrario, no permitir que vuelva a operar.
[1] Resolución No. 015-2019-OEFA/TFA- SE de fecha 6 de diciembre de 2019
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís hace un llamado urgente a las autoridades nacionales a atender de manera inmediata el derrame en el km 177 del Oleoducto Norperuano, originado en la comunidad Wampís de Mayuriaga y aledaños que está afectando al territorio de la Nación Wampís.
Desde que ocurrió el derrame, el 9 de septiembre, ni el OEFA ni ningún otro organismo del estado ha coordinado adecuadamente con la comunidad de Mayuriaga para inspeccionar y asegurar que se tomen las medidas necesarias para contener, limpiar, remediar y reparar nuestros derechos afectados. De hecho, luego de que se notificó al OEFA sobre el derrame, las autoridades de Mayuriaga esperaron durante tres días su llegada para la inspección y colocación de la grapa que detiene el derrame. El OEFA no sólo no llegó en el tiempo pactado, sino que ingresó por el territorio de otra comunidad y realizó los trabajos de contención sin la presencia de las autoridades de Mayuriaga.
Además, Petroperú no ha llegado a ningún acuerdo ni tampoco muestra disposición para dialogar con la comunidad de Mayuriaga respecto a las acciones de remediación y limpieza ambiental que se deben realizar en su territorio. No es posible que a 42 días de sucedido el derrame, la población de la comunidad continue sin que sus demandas sean atendidas.
La larga lista de derrames en distintas partes del Oleoducto durante los últimos meses y años debería ser una preocupación y motivo para una atención estructural por parte del estado y de la empresa Petroperú, con el fin de dar una solución integral y definitiva que evite derrames permanentes, una afectación grave de los derechos humanos y daños ambientales.
Los territorios de las naciones amazónicas se encuentran en emergencia desde la llegada de la nefasta industria de los hidrocarburos. Todos los gobiernos sin excepción, desde la construcción del Oleoducto Norperuano (ONP) en 1972, han mostrado su completo desdén hacia la integridad de nuestros pueblos, exponiéndonos a continuos derrames sin tomar acciones para frenar sus causas más frecuentes: la corrosión, la falta de mantenimiento y las fallas operativas. Es más, en todos los años de existencia del reglamento sobre transporte de hidrocarburos por ductos a nivel nacional, Petroperú no ha cumplido con la adecuación del ONP y fue multado con 12 millones de soles en 2016 por dicha falta aún no subsanada. Tamaño descuido hacia un “activo crítico nacional”, como ellos suelen referirse al ducto, es imperdonable.
Estamos cansados de que los gobiernos continúen avalando este sistema que permite que, de forma constante, las empresas petroleras vulneren los derechos humanos elementales de las naciones originarias, con la opción de judicializar las medidas sancionadoras para aplazarlas ad-infinitum, mientras nuestras infancias sufren las consecuencias de un ambiente contaminado. Tantas veces Petroperú ha ocasionado derrames en territorios amazónicos y tantas veces ha evadido su responsabilidad. Tan solo en el territorio Wampís, la comunidad de Mayuriaga ha sufrido 3 grandes derrames en los últimos 8 años, siendo el último el del km 177. ¿Cuáles han sido las acciones de Petroperú? Nada más que judicializar una de las resoluciones del OEFA[1] que señalaba que Petroperú incumplió con dar mantenimiento al oleoducto en la zona en que sucedió el derrame del 2 de febrero de 2016 y que tampoco adoptó acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos de dicho derrame. Con esta acción administrativa contenciosa, Petroperú pretende evadir el pago de cerca de 8 mil UIT, lo que equivale a 35 millones de soles.
Por lo tanto, exigimos al gobierno de turno que haga cumplir la ley para que Petroperú asuma su responsabilidad sobre estos crímenes ambientales y la vulneración de nuestros derechos, y que deje de actuar como si estos derrames fueran eventos aislados y casuales. Reiteramos la urgencia de que las instituciones estatales atiendan de manera pertinente y coordinada las exigencias de las comunidades cuyos territorios se han visto afectados por el derrame del 9 de septiembre y que aseguren que las actividades de limpieza y remediación ambiental cumplan con los requerimientos sanitarios y sean eficientes.
Finalmente, pedimos al gobierno que considere cortar la espiral tóxica de los derrames ocasionados por el mal estado del Oleoducto Norperuano, haciendo valer la exigencia de que este se encuentre en condiciones adecuadas o, de lo contrario, no permitir que vuelva a operar.
[1] Resolución No. 015-2019-OEFA/TFA- SE de fecha 6 de diciembre de 2019
