Los efectos adversos de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) contradicen claramente sus supuestos objetivos de promover los derechos humanos y la democracia; estas medidas, que supuestamente defienden estos valores, en realidad los socavan
First published on 11/18/2024
Por Hanieh Moghani
Las áreas conservadas por Pueblos Indígenas y comunidades locales, también conocidas como TICCA, territorios de vida, no solo son vitales, sino también indispensables para la conservación de la biodiversidad, la preservación del patrimonio cultural y los servicios ecosistémicos sostenibles. Sin embargo, los Pueblos Indígenas que sostienen y defienden estos territorios enfrentan importantes desafíos en el acceso a los fondos debido a las medidas coercitivas unilaterales (MCU) y a los conflictos armados.
Las naciones poderosas imponen unilateralmente medidas coercitivas, que incluyen sanciones económicas, restricciones comerciales y embargos financieros, para influir en las políticas y la gobernanza de los países afectados. Estas medidas suelen apuntar a un cambio de régimen, a la manipulación de políticas y el control económico.
Sin embargo, el impacto de las mismas no se limita a objetivos políticos. Se extiende mucho más allá y afecta gravemente el acceso de las comunidades Indígenas a recursos esenciales y fondos cruciales para el sostenimiento de los TICCA.
Las MCU crean dificultades económicas sustanciales al reducir la disponibilidad de fondos y restringir el acceso a los sistemas bancarios internacionales. Por ejemplo, las sanciones impuestas a Irán han provocado escasez tanto de bienes esenciales como de recursos financieros. Esto ha afectado de manera desproporcionada a las poblaciones Indígenas, incluidas las que gestionan los TICCA.
Del mismo modo, en Venezuela, las sanciones económicas han agravado la crisis económica, limitando considerablemente los fondos para las comunidades Indígenas y los proyectos de conservación vitales para los TICCA.
Los efectos adversos de las MCU contradicen claramente sus supuestos objetivos de promover los derechos humanos y la democracia. Estas medidas, que supuestamente defienden dichos valores, en realidad los socavan: restringen el acceso a medicamentos y suministros médicos esenciales, impiden el desarrollo económico, aumentan la pobreza y perturban la estabilidad social y económica, lo que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, entre las que se encuentran los Pueblos Indígenas.
Por ejemplo, las sanciones contra Cuba han provocado el estancamiento económico y la escasez de bienes esenciales. Esto afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos comunes y la sostenibilidad de la gobernanza ambiental.
Los conflictos armados agravan aún más los problemas que enfrentan las comunidades Indígenas para acceder a los fondos. Los conflictos perturban la gobernanza y la infraestructura, lo que conduce a la destrucción de instalaciones esenciales y desplazamientos forzosos. Los riesgos en materia de seguridad y el desvío de recursos dificultan el desembolso de fondos y la ejecución de proyectos; como consecuencia, los esfuerzos de conservación dentro de los TICCA se ven perjudicados.
En Colombia, los territorios Indígenas a menudo se ven atrapados en un conflicto entre fuerzas gubernamentales y grupos armados; esto trae aparejados problemas de financiación, ya que los fondos internacionales y locales son redireccionados a la mitigación de conflictos en lugar de utilizarse para la conservación de los TICCA.
Del mismo modo, en la República Democrática del Congo (RDC), el control que facciones armadas ejercen sobre territorios Indígenas ricos en minerales hace que el acceso a fondos para proyectos comunitarios sea restringido y, como resultado, la gestión de los TICCA se ve afectada.
El abordaje de estos desafíos requiere un enfoque multifacético. Fortalecer los marcos jurídicos y de políticas internacionales puede proteger a los territorios Indígenas y garantizar una financiación ininterrumpida de los TICCA. Es esencial crear mecanismos de financiación flexibles que puedan funcionar bajo sanciones y condiciones de conflicto.
Iniciativas como el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la Iniciativa Ecuatorial del PNUD proporcionan opciones de financiación adaptables y apoyan soluciones locales de desarrollo sostenible dentro de los TICCA.
Recomendaciones
- Promoción de cambios en las políticas: presionar para que se reformen las políticas internacionales a fin de mitigar el impacto de las MCU en el financiamiento indígena, en particular para los TICCA.
- Desarrollo de mecanismos de financiación resistentes a los conflictos: crear modelos de financiación que se adapten a las situaciones de conflicto, garantizando un apoyo permanente a los TICCA.
- Mejora de la supervisión y la presentación de informes: fortalecer los mecanismos para supervisar el impacto de las MCU y de los conflictos en el financiamiento Indígena e informar a los organismos internacionales, centrándose en la preservación de los TICCA.
Las MCU y los conflictos armados obstaculizan significativamente el acceso directo de los Pueblos Indígenas a los fondos, lo que afecta su capacidad para sostener y defender los TICCA, territorios de vida. La colaboración internacional y las reformas de políticas son cruciales para desarrollar mecanismos de financiamiento resilientes y apoyar a las comunidades Indígenas en sus esfuerzos de conservación.
Referencias
- Sanciones y dificultades económicas, Naciones Unidas, 2023.
- Impacto de las sanciones económicas en Venezuela, Human Rights Watch, 2022.
- Escasez de atención médica en naciones sancionadas, Organización Mundial de la Salud, 2023.
- Impacto económico del embargo estadounidense sobre Cuba, Amnistía Internacional, 2022.
- Conflicto y territorios Indígenas en Colombia, International Crisis Group, 2023.
- Conflictos de recursos en la RDC, Global Witness, 2023.
- Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FMAM, 2022.
- Iniciativa Ecuatorial del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023.
Acerca del autor
Hanieh Moghani es miembro experto y vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII, por sus siglas en inglés) y asesora jurídica superior de CENESTA (Miembro del Consorcio TICCA). Moghani es una defensora Indígena, asesora legal, facilitadora comunitaria, educadora y activista que trabaja en la intersección de la ciencia, la política y la sociedad, con experiencia en el desarrollo de modelos políticos, económicos y de análisis de sistemas para problemas complejos que involucran el agua, la biodiversidad, los alimentos, el clima y el medioambiente, con el fin de derivar información sobre políticas, leyes y gobernanza.
