First published on 02/10/2015, and last updated on 03/10/2018
Por: Albert M. Chan-Dzul, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, S. C., Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo, U Yich Luum, A.C.
Calakmul, al oriente del estado de Campeche, está integrado por comunidades rurales migrantes de 26 estados de la república, principalmente indígenas, resultado de un rápido y desordenado proceso de colonización que inició en los 40 y que se masificó en los 70 promovida por las políticas oficiales de colonización. Actualmente, más de 40% del municipio corresponde a la Reserva de Biosfera Calakmul (RBC).
La importancia de esta área natural protegida no está en duda, sin embargo la participación de las comunidades humanas, la inclusión y reconocimiento de sus prácticas de conservación son poco valoradas. Es decir, aun cuando a nivel de comunidad o individual se mantienen áreas conservadas que van desde fragmentos de bosque de diferentes tamaños y en diferentes etapas sucesionales hasta fragmentos de bosque virgen, éstas no son reconocidas por las instancias oficiales ni por las organizaciones conservacionistas. En este sentido, solo son reconocidas si se involucran en procesos “formales” como el pago por servicios ambientales (PSA).
Por otro lado, los efectos del PSA en las relaciones socioculturales comunitarias, no han sido suficientemente documentados aunque hay información que permitiría re-direccionar las acciones de este tipo de políticas incluyendo la pertinencia de REDD+.
Esta falta de visibilidad provoca que se culpe a las prácticas agropecuarias locales de la degradación ambiental. Si bien, cada vez es mayor la superficie destinada a monocultivos con uso de agroquímicos hay que considerar que: 1) estas prácticas son promovidas por el estado, y b) la superficie destinada para estas prácticas es proporcionalmente menor a la superficie total de cada productor. Lo que denota, como bien dice Silvia Ribeiro (La Jornada 07-02-2015), una resistencia “que los poderosos no consiguen descifrar”.
Por otro lado, está el órgano estatal encargado de las áreas de conservación en el país, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con un proceso de reconocimiento de áreas de conservación comunitarias conocido como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 46, fracción XI. Aunque, esta iniciativa constituye un importante avance, la institucionalización de los esfuerzos comunitarios asociado a la falta de consulta mantienen la desconfianza en dichas herramientas oficiales. Por ejemplo, cuando la Reserva de la Biosfera Calakmul fue decretada, varias comunidades fueron reubicadas en áreas con tierras menos fértiles. Hasta la fecha, 25 años después, varias comunidades siguen en espera de que se cumplan los compromisos. Respecto a la desconfianza, en una encuesta realizada por la doctora Porter y colaboradores (2006) a un grupo de campesinos, el 59% dijo que cree que la Reserva de Calakmul pertenece al gobierno e incluso 14% mencionó que pertenece a otros países o agencias internacionales.
Un ejemplo – Para ejemplificar la importancia de la conservación comunitaria y la falta de visibilidad hablaremos de una comunidad ubicada en el sur del municipio de Calakmul, el Ejido Once de Mayo. Este es un ejido con 300 habitantes de los cuales 54 son ejidatarios (posesionarios legales de los derechos sobre la tierra). La población está conformada por migrantes, de manera que conviven en la misma comunidad indígenas de diferentes etnias y mestizos. Respecto a la toma de decisiones, la comunidad tiene un comité directivo con el comisario ejidal como el representante legal y las decisiones se toman en asamblea general que se lleva a cabo cada dos meses.
Las tierras ejidales del Once de Mayo representan, en términos de conservación, una clara importancia ya que colindan directamente con la RBC en toda una línea en la que la Reserva no tiene zona de amortiguamiento. Actualmente, cada ejidatario cuenta con 50 has parceladas internamente y un área común de reserva de más de 2000 has. Es decir que casi el 50% (48.88%) del territorio ejidal es reserva. Más aun, cada ejidatario conserva un fragmento de su área designada. En un trabajo aun no publicado, realizado por un equipo interdisciplinario durante 2012-2015, se tienen datos de que éstas áreas individuales van de 20 a 30 has. Si como ejercicio tomamos que cada persona conserva 25 ha. y lo sumamos al área de conservación ya establecida, estaríamos hablando de poco más de 80% de la superficie ejidal conservada, sin contar con las áreas en sucesión o acahuales como se les conoce localmente.
Otros peligros – Muchos peligros rondan los esfuerzos comunitarios, algunos son internos pero muchos están relacionados con el modelo de desarrollo oficial. Como ejemplo significativo están las modificaciones al Art. 27 de la Constitución, en los 90 del siglo pasado, para permitir la división del ejido en pequeñas propiedades y recientemente (2014) las reformas energéticas que en un apartado dice que “Por su carácter estratégico, se considera la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, como actividades de interés social y orden público, a raíz de lo cual tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie del subsuelo de cualquier terreno afectado”.
¿Qué hacer? – Definitivamente, la organización y acompañamiento honesto a las comunidades es clave ante los embates de las políticas de desarrollo que implican subsidios como “punta de lanza” aprovechándose de las necesidades económicas del grueso de la población.Es urgente identificar, para replicar y compartir, esfuerzos comunitarios en los que la comunidad está empoderada, es decir que hace esfuerzos de conservación, que toma decisiones sobre sus recursos y sobre todo que está consciente de este esfuerzo. Un ejemplo puede ser la Red de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias de Chiapas, a nivel nacional la Red Etnoecológica y Patrimonio Biocultural de México.
El fortalecimiento de estas redes locales, nacionales o más allá como la que se pretende como Red TICCAs Mesoamérica, también puede contribuir para incidir en las políticas públicas, para que éstas no solo reconozcan los esfuerzos comunitarias sino que se adapten a sus dinámicas; dinámicas que incluyen muchos elementos culturales y de cosmovisión.
