First published on 10/11/2015, and last updated on 12/12/2017
El 1 de octubre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José de Costa Rica, autorizó iniciar la tramitación del caso María Luisa Acosta y otros, vs. Nicaragua sometido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.
El caso versa sobre las graves irregularidades cometidas en el proceso penal seguido por el sistema judicial nicaragüense en el asesinato del Señor Francisco José García Valle, esposo de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Doctora María Luisa Acosta. El asesinato fue realizado por sicarios en su casa de habitación en Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, el 8 de abril del año 2002.
Al momento de ocurrir los hechos, la esposa de la víctima, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), era la apoderada legal de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas y del territorio Rama y Kriol, perjudicadas por la venta ilegal de los Cayos Perlas y de otras propiedades, realizadas entonces por los señores Peter Tsokos y Peter Martínez Fox.
En el año 2009 la cineasta norteamericana Mallory Shomer realizó el documental The Living Documents http://www.cultureunplugged.com/storyteller/Mallory_Sohmer#/myFilms sobre el asesinato y su contexto.
Después de no haberse dado lugar al recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en diciembre de 2006; en junio de 2007 se presentó el caso ante la CIDH. El 29 de marzo de este año 2015, la CIDH determinó que los derechos humanos de María Luisa Acosta Castellón, Ana María Vergara Acosta, Álvaro Arístides Vergara Acosta, María Leonor Valle y Rodolfo García Solari, todos familiares del señor Francisco José García Valle, habían sido violados por el Estado de Nicaragua. La CIDH le recomendó al Estado de Nicaragua adoptar una serie de medidas tendientes a proteger de mejor manera a las y los defensores de derechos humanos en Nicaragua, así como reparar adecuadamente a las víctimas del caso. Sin embargo, ante la renuencia del Estado, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano regional de protección de derechos humanos.
CALPI, el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y EL Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), consideraron pertinente acreditar su representación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y representar a las víctimas del caso, que representa muchos de los retos que Nicaragua debe afrontar en materia de protección de defensores de derechos humanos, independencia judicial e impunidad.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha indicado que “la falta de investigación y sanción a los responsables de violaciones contra defensoras y defensores constituye el factor que en mayor medida aumenta el riesgo de las y los defensores, pues los deja en una situación de indefensión y desprotección”. Asimismo, la CIDH ha sostenido que la criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos “puede ser utilizada como medio de estigmatización colectiva y se envía un mensaje intimidatorio a todas las personas que tuvieren la intención de denunciar violaciones o hayan formulado denuncias por violaciones a los derechos humanos”.
Para ver la Audiencia de Fondo ante la CIDH https://www.youtube.com/watch?v=_bUfilT4cP8 y un artículo publicado en BuzzFeed http://www.buzzfeed.com/fredam2/murder-and-manifest-destiny-on-the-mosquito-coast
Dra. María Luisa Acosta 
Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
http://www.calpi-nicaragua.org
https://www.facebook.com/pages/Calpi-Centro-de-Asistencia-Legal-a-Pueblos-Ind%C3%ADgenas/157327680951910
