La asignación, la procedencia y el reconocimiento de certificados determinan la confianza de los países proveedores en el Mecanismo Multilateral para la información digital sobre secuencias
First published on 09/28/2026
By June Rubis
Becaria de investigación de la Universidad Macquarie, Australia; cofundadora de Building Initiatives in Indigenous Heritage (BiiH), Sarawak y miembro honorario del Consorcio TICCA
El éxito del Mecanismo Multilateral de Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de la Utilización de la Información Digital sobre Secuencias de Recursos Genéticos (el Mecanismo Multilateral) en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), depende de la confianza entre las distintas partes del sistema. Los posibles contribuyentes necesitan tener claridad respecto de que el Mecanismo es viable y previsible. A su vez, los países proveedores necesitan tener confianza en que la participación multilateral en los beneficios seguirá reflejando sus intereses a medida que la información digital sobre secuencias (DSI, por sus siglas en inglés) circule y adquiera un valor mayor y su uso se aleje cada vez más de sus orígenes biológicos. Para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, se plantea además la cuestión de si los beneficios y las disposiciones de gobernanza del Mecanismo responden de manera significativa a sus derechos, sus necesidades y sus formas de relacionarse con la biodiversidad.
Por qué esto es importante para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales
Los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales tienen interés en un mecanismo multilateral en el que la parte proveedora del acceso y la participación en los beneficios (ABS, por sus siglas en inglés) siga siendo significativa. Un papel preponderante de los países proveedores puede ayudar a preservar el espacio político en el que la diversidad biológica, la procedencia y la participación en los beneficios sigan teniendo relevancia. Sin embargo, el compromiso de apoyar las necesidades autoidentificadas de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales requiere su propia garantía: que los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales pueden identificar de manera significativa sus necesidades, acceder a los recursos y participar en la configuración de los mecanismos a través de los cuales les llega el apoyo.
La confianza entre las distintas partes del Mecanismo es interdependiente, pero no simétrica. Los contribuyentes, los países proveedores, las personas investigadoras y administradoras de bases de datos, los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, ocupan diferentes posiciones en la implementación y cuentan con niveles desiguales de poder, recursos y capacidad institucional. Las decisiones técnicas pueden reforzar o mitigar estas diferencias, y estas categorías no son internamente uniformes.
En este comentario, el término «país proveedor» se utiliza como abreviatura, en términos políticos, para referirse a los países que promueven los intereses de la parte proveedora dentro del acuerdo de acceso y participación de beneficios (ABS, por sus siglas en inglés), y no como sinónimo de países en desarrollo o de Sur global, ni como una afirmación sobre dónde se genera la DSI. La categoría formal de la CDB de «país que provee recursos genéticos» no está restringida por el nivel de desarrollo (Convention on Biological Diversity [CBD], 1992). Los patrones de provisión y uso de la DSI no se corresponden claramente con la división Norte-Sur (Scholz et al., 2021). El debate se centra particularmente en las preocupaciones de los países en desarrollo como proveedores, ya que han ocupado un lugar destacado en las negociaciones sobre la DSI y son especialmente pertinentes para la arquitectura de asignación e implementación establecida en virtud de la Decisión 16/2 (CBD, 2024).
Cinco principios para mantener la confianza de los países proveedores
- La confianza debe funcionar en ambas direcciones
Un Mecanismo Multilateral duradero depende de que quienes realizan contribuciones confíen en que la participación es viable, previsible y valiosa. También depende de que los países proveedores confíen en que la participación multilateral en los beneficios seguirá protegiendo sus intereses a medida que avance la implementación. - La procedencia y el multilateralismo deben reforzarse mutuamente y no desplazarse
La dificultad de reconstruir cada uso posterior es uno de los argumentos más sólidos a favor de la participación multilateral en los beneficios: los países proveedores no deberían tener que identificar y demostrar cada uso posterior de su información biológica para participar equitativamente en los beneficios. No obstante, la procedencia sigue siendo importante para la atribución, la rendición de cuentas, los sistemas nacionales de ABS y las relaciones con los proveedores o las comunidades. El multilateralismo es más fuerte cuando utiliza la procedencia allí donde existe y ofreced una arquitectura creíble de participación en los beneficios cuando esta no puede sostener por sí sola toda la carga. - La asignación y la distribución son componentes diferentes de una participación justa y equitativa en los beneficios
La asignación determina cómo se dividen los beneficios mancomunados y adónde se destinan los recursos. La distribución se refiere a si las personas beneficiarias previstas pueden acceder a esos recursos, cómo se identifican las prioridades y quién tiene poder de decisión sobre la entrega. Por lo tanto, un acuerdo multilateral creíble requiere tanto una metodología de asignación defendible como mecanismos que permitan que los beneficios puedan llegar a aquellos a quienes se pretende apoyar. - La confianza de los países proveedores se basa en más de un factor
Los países proveedores no se encuentran en la misma posición frente al Mecanismo Multilateral. Algunos cuenta con sistemas nacionales de ABS o de DSI capaces de dar efecto práctico a los certificados; otros dependen en mayor medida de la asignación, el acceso y una gobernanza más amplia. Un Mecanismo duradero debe mantener la confianza entre quienes se encuentran en estas distintas posiciones, sin permitir que las diferencias en su capacidad regulatoria determinen qué intereses ocupan un lugar central en la implementación. - La adaptación al futuro debe preservar el acuerdo sobre la participación en los beneficios a lo largo del tiempo
Los cambios científicos y tecnológicos pueden alterar la forma en que se utiliza y se convierte en valor la DSI. Por lo tanto, la adaptación al futuro debe garantizar no solo que las normas sigan siendo viables para las empresas y las personas investigadoras, sino también que el Mecanismo Multilateral pueda seguir generando y compartiendo beneficios a medida que cambien las tecnologías, las formas de uso y las fuentes de valor.
El Mecanismo Multilateral de Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de la Utilización de Información Digital sobre Secuencias de Recursos Genéticos está pasando de un acuerdo político a una fase más desarrollada de implementación. A medida que el primer bienio llega a su fin, se presenta la oportunidad de analizar cómo se está llevando a cabo el acuerdo político original en la puesta en marcha del Fondo de Cali y, de manera más general, cómo se está desarrollando el Mecanismo.
El enfoque basado en los países proveedores utilizado aquí no asume una geografía simple en la que el Sur global suministra DSI y el Norte global la utiliza. La provisión y el uso de DSI no se corresponden con claridad con la división Norte-Sur. La preocupación radica en los intereses de los proveedores en el acuerdo multilateral, en particular las preocupaciones de los países en desarrollo que han ocupado un lugar destacado en las negociaciones y que son directamente relevantes para la asignación y la implementación en virtud de la Decisión 16/2 (Ramakrishnan, 2026a; Scholz et al., 2021; Third World Network, 2026).
La primera fase de implementación se ha centrado, comprensiblemente, en la puesta en funcionamiento del Fondo Cali. Ese trabajo ahora pone de manifiesto interrogantes más amplios: cómo se relaciona el Mecanismo Multilateral con los sistemas nacionales de ABS, cómo se aborda la procedencia, cómo se asignan y distribuyen los beneficios, y qué grado de confianza pueden depositar los países proveedores en el acuerdo a lo largo del tiempo.
Otra cuestión a la que también se le ha prestado mucha atención es a comprender lo que las empresas necesitan para participar: claridad en torno a las condiciones de contribución, reconocimiento, certificados, seguridad jurídica y una propuesta comercialmente viable. Esto es necesario, pero es solo una parte del acuerdo.
La confianza de los países proveedores formaba parte del acuerdo político que estableció el Mecanismo Multilateral; sin embargo, durante la implementación, las condiciones necesarias para mantener esa confianza no han recibido la misma atención. La séptima reunión del Órgano Subsidiario de Ejecución del CDB (SBI-7, por sus siglas en inglés) hizo que esa brecha fuera más visible. Una estrategia de capitalización duradera depende no sólo de que exista un mecanismo viable de contribución, sino también de que los países que representan intereses de la parte proveedora consideren que el Mecanismo es políticamente creíble y capaz de garantizar la participación en los beneficios.
Lo que la SBI-7 puso en evidencia
Las intervenciones que promovieron las preocupaciones de la parte proveedora plantearon preguntas relativas a la gobernanza y la supervisión política, los sistemas nacionales de ABS, la rendición de cuentas de las bases de datos, la procedencia y la asignación. Los informes de Third World Network registran que el Grupo Africano y otras agrupaciones de países en desarrollo pidieron una supervisión más estricta de las Partes de las disposiciones relativas al Fondo de Cali y mantener la implementación anclada en la Decisión 16/2 y los derechos de los países proveedores (Ramakrishnan, 2026b, 2026c).
Estas intervenciones demostraron que las cuestiones operativas no siempre pueden separarse claramente del Mecanismo en su conjunto. Las decisiones sobre trazabilidad, atribución, seguridad jurídica y alineación con los sistemas nacionales de ABS pueden dar forma a su arquitectura.
Por lo tanto, las decisiones técnicas pueden tener consecuencias políticas (Makowska-Curran, 2026). La procedencia es uno de los ámbitos más claros en los que se manifiesta esta tensión.
Abordar la cuestión de la procedencia
La procedencia contribuye a la integridad científica, la transparencia y la atribución, y puede ser importante tanto para los sistemas nacionales de ABS como para los derechos e intereses de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. La DSI Scientific Network ha reconocido que la información sobre el origen geográfico puede desempeñar distintas funciones: aportar contexto científico, favorecer la transparencia y la atribución, identificar desigualdades y respaldar el reconocimiento de la DSI asociada a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (Raposo et al., 2023).
La práctica en materia de base de datos también está cambiando. En 2023, la International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC) introdujo la obligatoriedad de incluir metadatos sobre el país o la ubicación y la fecha de recolección para las nuevas presentaciones. Asimismo, a finales de 2024, extendió esta norma, sujeta a determinadas exenciones, a los restantes procedimientos de presentación. Un análisis de 2026 reveló que un 46 % de las secuencias presentadas durante los últimos cinco años contaba con información geográfica sobre el lugar de recolección, frente a aproximadamente el 17 % del corpus completo. Esto representa una mejora significativa, aunque persiste una brecha sustancial respecto de los datos históricos (International Nucleotide Sequence Database Collaboration [INSDC], 2023; Raposo et al., 2026).
Sin embargo, un campo geográfico no constituye una información completa acerca de la procedencia. El calificador «/geo_loc_name» del INSDC registra el lugar donde se aisló o recolectó una muestra (INSDC, 2024). Por sí solo, no permite determinar el país proveedor en términos de ABS; identificar una colección de origen, un territorio indígena o una relación con una comunidad; ni registrar la autoridad y las condiciones bajo las cuales se compartió el material o los conocimientos. Los modelos de asignación también muestran que utilizar la cantidad de secuencias registradas en la INSDC como indicador del origen geográfico puede hacer que el criterio refleje la secuenciación y la infraestructura de datos, en lugar del origen geográfico del material biológico subyacente (Makowska‑Curran, 2026).
Mejorar la información sobre la procedencia no implica necesariamente convertirla en una base para realizar pagos secuencia por secuencia. Algunas medidas útiles son establecer distinciones más claras entre el lugar de recolección y las relaciones con los países proveedores; reforzar los vínculos con las colecciones de origen, los permisos u otros registros cuando estén disponibles; utilizar identificadores persistentes en las distintas infraestructuras; y aclarar si la información es desconocida, no está disponible o simplemente no ha sido proporcionada. Estas también son cuestiones relacionadas con la capacidad (INSDC, 2023, 2024; Ramakrishnan, 2026a; Raposo et al., 2026).
Existen dificultades técnicas reales cuando la DSI se mueve a través de grandes conjuntos de datos, se combina entre distintos orígenes y se somete a una transformación computacional (Faggionato et al., 2024). Sin embargo, esas dificultades también están determinadas por el diseño de las bases de datos, los requisitos de procedencia, la rendición de cuentas por parte de los usuarios y la capacidad para mantener esos sistemas (INSDC, 2023, 2024; Ramakrishnan, 2026a; Raposo et al., 2026).
Por lo tanto, los países proveedores se preguntan qué procedencia se registra, si esta permanece vinculada a medida que la DSI circula, cómo se tratará la información disponible y cómo se protegerán sus intereses cuando la procedencia sea mixta, se transforme o esté incompleta.
Abordar la procedencia de manera defensiva puede profundizar la desconfianza. Si la principal causa de defensa del multilateralismo es porque el rastreo posterior resulta impracticable, las mejoras en los metadatos, los identificadores persistentes o la conectividad entre bases de datos pueden fortalecer los argumentos a favor de enfoques nacionales más sólidos. Una mejor información sobre la procedencia y una participación multilateral en los beneficios no tienen por qué ser opuestos. El uso de la procedencia, cuando está disponible, puede contribuir a la atribución, la rendición de cuentas y la confianza de los proveedores, incluso cuando la participación monetaria en los beneficios no dependa de la reconstrucción de cada uso posterior.
La confianza de los países proveedores se fortalecerá si se aborda directamente la cuestión de la procedencia y se demuestra cómo el Mecanismo Multilateral protege sus intereses tanto cuando la procedencia está disponible como cuando resulta cada vez más difícil de rastrear.
Fortalecer los argumentos de los países proveedores en la implementación
Si la implementación se evalúa principalmente en función de la confianza de quienes realizan contribuciones, la claridad de la industria y la participación comercial, el lado de los proveedores en el acuerdo político sigue estando insuficientemente desarrollado. Es necesario tener en cuenta de forma explícita la confianza de los proveedores a la hora de analizar cómo interactúan las medidas nacionales de ABS con el Mecanismo, si los beneficios pueden obtenerse sin cargas de seguimiento desproporcionadas y si el sistema mantiene su credibilidad a medida que cambian las tecnologías. Los beneficios no monetarios, las relaciones de investigación y el acceso a los productos y servicios resultantes también pueden formar parte de la relación de acceso y participación de los beneficios (Ramakrishnan, 2026a).
El reconocimiento de los certificados ofrece una prueba práctica. Su valor para los usuarios dependerá, parcialmente, de que las Partes reconozcan los certificados u otorguen validez por otra vía dentro de los marcos jurídicos y normativos nacionales. Esto hace que la implementación nacional forme parte de la cuestión de la confianza de los países proveedores, tema que se aborda más adelante en relación con la asignación (Brazil, 2026; Like‑Minded Megadiverse Countries, 2026; South Africa, 2026).
La inteligencia artificial (IA), la biología sintética y otras áreas de la biotecnología están cambiando la forma en que la información biológica se puede analizar, combinar y utilizar. Es posible que el valor futuro resida cada vez más en conjuntos de datos, modelos y combinaciones de información, en lugar de secuencias individuales. La incertidumbre no radica en qué secuencias se vuelven más valiosas, sino en las formas cambiantes en que se genera valor a partir de la información biológica (Faggionato et al., 2024).
La DSI Scientific Network considera parte de este desafío como preparación para el futuro: el Mecanismo debe seguir siendo viable conforme se desarrollan la IA y otras tecnologías, especialmente cuando los conjuntos de datos globales y los resultados computacionales complican la atribución entre distintos regímenes jurídicos (Faggionato et al., 2024). Los enfoques multilaterales también pueden preservar el acceso abierto y reducir los costos de transacción sin requerir una relación bilateral de autorización y pago para cada secuencia y transacción de usuario (Scholz et al., 2022).
Los países proveedores enfrentan el mismo futuro tecnológico desde otra posición. Es posible que tengan poca capacidad para saber de antemano qué información biológica adquirirá un valor sustancial o para identificar cada conjunto de datos, transformación, empresa y jurisdicción a través de los que posteriormente circule.
Precisamente ahí es donde comienza el argumento positivo de los países proveedores en favor del multilateralismo.
Un país no debería tener que identificar y demostrar cada uso posterior de la DSI para poder acceder a los beneficios económicos derivados de su uso.
Esto resulta de especial importancia para los países ricos en biodiversidad que cuentan con una capacidad científica, regulatoria o de fiscalización más limitada. Un sistema que exija a los proveedores encontrar usos comerciales, reconstruir cadenas de datos y establecer reclamaciones en distintas jurisdicciones puede reproducir desigualdades, favoreciendo a aquellos países con mayor capacidad para supervisar la economía mundial de la DSI (Ramakrishnan, 2026a; Third World Network, 2026).
El multilateralismo ofrece otra vía: la participación en los beneficios puede organizarse en torno al sistema mundial de DSI sin necesidad de determinar qué beneficios corresponden a cada secuencia y a cada uno de sus usos posteriores (Scholz et al., 2022).
Adaptar el acuerdo multilateral a los cambios futuros
La capacidad de adaptación al futuro, por lo tanto, debe funcionar en ambas direcciones: las empresas necesitan normas que sigan siendo viables a medida que se desarrolla la innovación, mientras que los países proveedores necesitan confianza en que el Mecanismo seguirá generando y distribuyendo beneficios. Un punto en el que esta negociación de dos caras se hace concreta es la asignación.
La cuestión de la asignación: criterios, ponderación, confianza de los proveedores y reconocimiento de certificados
Por lo general, la asignación se aborda desde la pregunta de cómo deben distribuirse los beneficios mancomunados. La Decisión 16/2 establece un conjunto indicativo de criterios: la riqueza en biodiversidad y otras medidas relacionadas con la biodiversidad; el origen geográfico de los recursos genéticos de los que se derivó la DSI; y las necesidades de fortalecimiento de capacidades para la conservación y el uso sostenible. Estos criterios deben aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, las Partes con economías en transición y los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (CBD, 2024). El Grupo Especial de Expertos Técnicos (AHTEG, por sus siglas en inglés) de 2026 conservó el origen geográfico como criterio, pero señaló que actualmente existe una falta de datos aplicables para ponerlo práctica (CBD, 2026). Por lo tanto, cualquier indicador sustituto futuro es importante: los modelos de Makowska-Curran muestran cómo un aparente criterio de «origen» puede comenzar a reflejar, en cambio, la secuenciación y la infraestructura de datos (Makowska‑Curran, 2026).
Las implicancias políticas radican, en parte, en la ponderación y, en parte, en la forma en que se mide la biodiversidad. A partir del Índice Mundial de Beneficios para la Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF-8 Global Benefits Index for Biodiversity), el AHTEG encontró que aumentar la ponderación asignada a la biodiversidad incrementaba más las asignaciones destinadas a los grandes países megadiversos, que ya recibían las mayores asignaciones en sus modelos (CBD, 2026). Esto demuestra que, bajo la metodología AHTEG, el peso asignado a la biodiversidad tiene consecuencias distributivas directas para los países megadiversos. Un ejercicio de modelización independiente basado en otro índice —el Biodiversity Habitat Index (BHI, por sus siglas en inglés)— ilustra un punto diferente: el efecto distributivo de un criterio de biodiversidad también depende de lo que mida el indicador. El BHI refleja la persistencia proyectada de las especies en función de las condiciones actuales del hábitat, la conectividad y la heterogeneidad de su composición, en lugar de funcionar como una medida directa de la megadiversidad. Makowska‑Curran determinó que cambiar la ponderación de la biodiversidad tenía un efecto más limitado en el patrón general de asignación Norte‑Sur, mientras que, bajo una ponderación basada exclusivamente en la biodiversidad, los Estados de África, Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe fueron los principales beneficiarios regionales (Makowska‑Curran, 2026). Su análisis también muestra que la fórmula y la normalización pueden alterar sustancialmente los resultados de asignación, incluso cuando las ponderaciones declaradas permanecen sin cambios (Makowska‑Curran, 2026). En conjunto, estos ejercicios distinguen dos cuestiones: cuánto peso se le da a la biodiversidad y qué mide realmente el indicador de biodiversidad elegido. Ambas cuestiones pueden influir de manera significativa en quién se beneficia.
La mitad del fondo de asignaciones para los países se distribuye, en primer lugar, a través de una base de igualdad, que modera las asignaciones más elevadas; mientras que la biodiversidad es uno de los varios criterios que se aplican a la mitad restante. Por lo tanto, es posible que algunos países proveedores megadiversos sigan considerando que la asignación resultante no refleja suficientemente la contribución que representa su biodiversidad. La ponderación y la medición cumplen, entonces, funciones distintas: la ponderación asignada a la biodiversidad determina su influencia en la asignación, mientras que el indicador elegido determina qué dimensiones de la biodiversidad adquieren relevancia en el marco de la misma. La metodología también debe tener en cuenta la equidad, la capacidad y otras consideraciones de carácter distributivo más amplio. El AHTEG recomendó que se trabajara en el futuro en el desarrollo de un índice de gestión de la biodiversidad que abarque la biodiversidad, el origen geográfico y los conocimientos tradicionales, así como las contribuciones de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad (CBD, 2026). Esto plantea una pregunta de diseño adicional: ¿cómo deberían integrarse esas distintas contribuciones sin que se pierda de vista lo que cada una pretende reconocer? En particular, ¿cómo debería un índice integrado de gestión reflejar la riqueza en biodiversidad y, al mismo tiempo, reconocer los conocimientos, la gobernanza y las contribuciones de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad?
La ponderación de la biodiversidad no es únicamente una decisión distributiva. Su efecto depende tanto de la ponderación que se le asigna a la biodiversidad como de lo que mida el indicador elegido. Estas elecciones pueden favorecer a diferentes países y reflejar diferentes juicios sobre cómo deben equilibrarse los intereses, la equidad y la capacidad de los proveedores en materia de biodiversidad.
La Decisión 16/2 también otorga a la asignación fines distributivos más amplios. Entre ellos, se encuentra orientar la financiación para que apoye los objetivos del Convenio en los países en desarrollo que son Partes, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Asimismo, dispone que, cuando proceda y con sujeción a las circunstancias y la legislación nacionales, al menos la mitad de la financiación debe destinarse a apoyar las necesidades autoidentificadas de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (CBD, 2024). Por lo tanto, la riqueza en biodiversidad y otras medidas relacionadas con ella deben considerarse junto con la capacidad, la equidad y otras consideraciones distributivas.
El reconocimiento de los certificados añade otra dimensión. En el SBI‑7, Sudáfrica, en nombre de los Like‑Minded Megadiverse Countries, pidió que los certificados sean verificables, significativos y reconocidos por las autoridades nacionales de ABS (Like‑Minded Megadiverse Countries, 2026). En su declaración nacional, Sudáfrica advirtió además que, sin procedimientos claros de verificación y reconocimiento, los certificados podrían no ser utilizables por las autoridades nacionales de ABS en los países proveedores (South Africa, 2026). Brasil describió a los certificados como un elemento importante para evitar la superposición de compromisos y hacer que el Fondo sea atractivo para la participación del sector privado, a la vez que argumentó que la metodología de asignación debería otorgar la debida importancia a la biodiversidad de los países y a los beneficios ambientales mundiales que proporciona (Brazil, 2026).
Estas intervenciones no establecen una relación causal directa entre las preferencias de asignación y el reconocimiento nacional de los certificados. Lo que sí muestran es por qué la asignación, el diseño de los certificados y la implementación nacional no pueden tratarse como cuestiones políticas totalmente separadas. En los casos en que los sistemas nacionales de ABS o de DSI pueden dar un valor práctico a los certificados, los países podrían evaluar la asignación teniendo en cuenta lo que se les pide que aporten mediante la implementación nacional. Si se considera que la posición de los países proveedores se refleja débilmente, la confianza en el Mecanismo en su conjunto puede verse afectada; a su vez, un reconocimiento nacional más limitado podría debilitar la seguridad jurídica que buscan los usuarios y los incentivos para realizar contribuciones.
La implementación plantea otro riesgo de limitar el alcance. Comenzar por los países que pueden dar certificados con efecto práctico inmediato puede ser útil, pero puede privilegiar a los países con medidas nacionales de DSI o ABS más sólidas. Otros países proveedores pueden tener una menor capacidad para influir mediante la regulación, incluso cuando su interés en el acuerdo sea sustancial, y pueden depender en mayor medida de la asignación, la distribución y una gobernanza más amplia.
Por lo tanto, el desafío consiste en evitar dos condiciones que podrían limitar el alcance del Mecanismo: una metodología de asignación en la que la relación entre la biodiversidad y el proveedor, que constituye el núcleo del ABS, quede demasiado debilitada como para mantener la confianza de algunos países proveedores; y una vía de implementación en la que las diferencias en la capacidad regulatoria determinen de manera desproporcionada los países proveedores que adquieren mayor relevancia política. Estas preocupaciones apuntan en diferentes direcciones, pero forman parte del mismo problema multilateral.
Trabajar inicialmente con países que estén dispuestos a colaborar puede ayudar a demostrar cómo funciona el reconocimiento de los certificados (European Commission et al., 2026). Pero esas relaciones no deberían definir el acuerdo en su conjunto. La implementación multilateral debe mantener la confianza tanto en los casos en que los certificados tienen un valor jurídico inmediato como aquellos en los que el interés principal radica en la forma en que se asignan, se accede a ellos y se gestionan los beneficios.
Por lo tanto, la asignación es parte de lo que mantiene la cohesión del acuerdo: influye en cómo las Partes entienden el valor y la reciprocidad de la participación en los beneficios, mientras que el reconocimiento nacional afecta el valor práctico de los certificados para los usuarios. La confianza de los proveedores y de quienes realizan contribuciones es interdependiente.
La asignación y el acceso son necesarios para completar el acuerdo multilateral.No basta con determinar las asignaciones para cada país; los países proveedores también necesitan que los beneficios sean accesibles de manera oportuna, viable y suficientemente directa.
La disposición de la Decisión 16/2 según la cual, cuando sea apropiado y sujeto a las circunstancias y la legislación nacionales, al menos la mitad de los recursos del Fondo de Cali debe destinarse a apoyar las necesidades autoidentificadas de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, concreta esta distinción (CBD, 2024). La asignación determina a dónde se destinan los recursos, pero no quién establece las prioridades ni cómo se diseña su entrega. Eso corresponde a cuestiones relacionadas con la distribución y la gobernanza, y los acuerdos para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales deben garantizar que puedan participar de manera efectiva en la definición de prioridades, el acceso a los beneficios y su distribución.
Los contribuyentes no deberían tener que rastrear cada secuencia para poder realizar contribuciones. Los países proveedores no deberían tener que identificar y demostrar cada uso posterior para poder beneficiarse.
Un sistema multilateral requiere que los países se apoyen, en parte, en la participación colectiva en los beneficios en lugar de intentar identificar cada uso posterior. Ese acuerdo solo resulta creíble si los beneficios mancomunados se asignan de manera equitativa y son accesibles en la práctica y, a su vez, están acompañados de una capacidad de decisión significativa a la hora de establecer prioridades y gestionar su entrega.
Por lo tanto, las condiciones habilitantes del Mecanismo y la evaluación de su eficacia deben tener en cuenta el compromiso político, la implementación nacional y la confianza de los países proveedores, junto con las preocupaciones de los contribuyentes.
Un interrogante adicional para garantizar la viabilidad futura
Una última cuestión con respecto a la viabilidad del acuerdo a futuro tiene que ver con la base biológica viva de la que surgirá la DSI en el futuro. La DSI existente registra información ya generada y muestreada; la biodiversidad viva sigue evolucionando y contiene variaciones biológicas que aún no han sido muestreadas ni representadas en ninguna base de datos. Por lo tanto, preservar la biodiversidad es importante no solo para la conservación, sino también para el futuro valor científico y comercial del que puede beneficiarse la economía basada en la DSI.
El Mecanismo Multilateral alcanzará su mayor solidez cuando tenga en cuenta de manera significativa los intereses de la parte proveedora en la asignación de los beneficios, sin permitir que las diferencias en la capacidad regulatoria determinen de manera desproporcionada qué intereses adquieren un papel central en la implementación.
Mantener la confianza durante la implementación
El Mecanismo Multilateral de Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de la Utilización de la Información Digital sobre Secuencias de Recursos Genéticos debe sostener acuerdo político entre países que tienen posiciones diferentes en relación con la DSI. Algunos países proveedores cuentan con sistemas nacionales de ABS o de DSI capaces de otorgar efectos prácticos a los certificados; otros dependen en mayor medida de la asignación, el acceso y una gobernanza más amplia. La implementación debe contemplar ambas realidades.
Por consiguiente, los dos factores señalados anteriormente que pueden limitar el alcance del acuerdo son relevantes para su durabilidad. La participación de quienes realizan contribuciones no demuestra por sí sola la confianza de los países proveedores, ni esta puede garantizarse únicamente mediante la asignación. La metodología de asignación por país determina las asignaciones correspondientes a cada país, pero no los acuerdos más amplios a través de los cuales se accede a los beneficios, se establecen las prioridades y se distribuyen los recursos (Makowska‑Curran, 2026). Las disposiciones relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales también plantean cuestiones específicas de asignación, acceso y gobernanza (CBD, 2024).
La confianza de los países proveedores y de quienes contribuyen es interdependiente, aunque no idéntica. El trabajo en materia de capitalización, certificados y seguridad jurídica será más duradero cuando los países proveedores puedan comprobar cómo el multilateralismo protege sus intereses mediante el reconocimiento nacional, una asignación significativa, un acceso práctico a los beneficios y una gobernanza más amplia.
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Revisado por: Jasmine Kindness y otras personas que deseaban permanecer anónimas
Traducido del inglés: Josefina Boris
Responsable editorial: Mohammad Arju
La autora expresa su profundo agradecimiento a las personas encargadas de la revisión, cuyos comentarios, observaciones y sugerencias contribuyeron a fortalecer significativamente este artículo.
La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a June Rubis en jrubis@gmail.com
Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones o posiciones políticas del Consorcio TICCA.
Cita recomendada: Rubis, J. (2026). Mantener la confianza de los países proveedores en el Mecanismo Multilateral para la Información Digital sobre Secuencias de Recursos Genéticos (J. Boris, Trad.) (Sobre Gobernanza). Consorcio TICCA. https://doi.org/10.70841/CM7U68


