Compartido por el Consorcio TICCA
Recientemente, un gran grupo de organizaciones y personas emitió una declaración de solidaridad en la que condenan la escalada de violencia estatal contra las comunidades indígenas Adivasi de la región india de Bastar. La declaración afirma que «el Gobierno de India y sus fuerzas de seguridad» están intensificando la violencia contra «las comunidades indígenas Adivasi de la división de Bastar en el estado de Chhattisgarh, en la zona central de India».
La declaración fue emitida por InSAF India y otras organizaciones colaboradoras y la firmaron más de cincuenta organizaciones de derechos humanos, justicia climática y de la sociedad civil, así como 130 individuos de todo el mundo.
En la declaración se afirma que el gobierno de India ha permitido constantemente que las industrias extractivas invadan las tierras de los Adivasi. Las empresas mineras con ánimo de lucro, que operan en el marco de asociaciones público-privadas y se disfrazan de desarrollo, se han encontrado con una fuerte resistencia de la población Adivasi.
«Esta escalada pone de relieve la completa negación de los derechos humanos universalmente reconocidos por parte del Gobierno de la India en una región rica en recursos, que ha llegado a caracterizarse por un largo ciclo de desplazamientos forzados, evacuación de los locales y apropiación ilícita e ilegal de las tierras de los Adivasi y una amplia militarización».
Un comunicado de prensa enviado por InSAF India, asociado a la declaración, mencionaba que la región «en este momento es testigo de una militarización sin precedentes en el marco de la «Operación Kagar», una campaña de contrainsurgencia del Estado indio».
- Enlace al comunicado de prensa (archivo PDF) (Disponible solo en inglés)
- Enlace a la declaración (archivo PDF) (Disponible solo en inglés)
La declaración reitera que debe ponerse fin de inmediato a la violencia estatal mediante la desmilitarización de Bastar, la aplicación de las protecciones constitucionales para las comunidades Adivasi, el cese de todas las adquisiciones de tierras sin el consentimiento libre, previo e informado, la protección de las personas indígenas defensoras de los derechos humanos y la rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional.
InSAF India mencionó que en noviembre de 2024 la declaración internacional se emitió para recibir firmas. Desde entonces, la violencia estatal ha seguido aumentando, con un incremento exponencial del número de personas asesinadas y otras violaciones de derechos humanos. A continuación, compartimos el llamado a la acción de la declaración (traducción al español de la cita directa sin cambios):
Lo que está ocurriendo en Bastar no es únicamente un conflicto territorial o una insurgencia, es una lucha por la supervivencia, la dignidad y el reconocimiento de los derechos indígenas ante la violencia estatal y la codicia empresarial.
No nos expresamos a la ligera con estas palabras. La situación en Bastar exige una acción inmediata y decisiva. Las personas de todo el mundo deben actuar ahora para ponerle fin al ciclo de represión y para garantizar que se escuchen y respeten las voces de las comunidades Adivasi. El silencio ante las atrocidades del Gobierno de India convertiría al mundo en cómplice de la eliminación de las comunidades indígenas de esta región.
Por ello, hacemos un llamado a los pueblos de todo el mundo para que exijan:
Cese inmediato de la violencia estatal: exigir el fin inmediato de todas las formas de violencia estatal contra las comunidades Adivasi de Bastar, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura. La violencia actual, llevada a cabo con el pretexto de apaciguar la contrainsurgencia, debe cesar de inmediato y se debe hacer rendir cuentas a quienes son responsables de violaciones de los derechos humanos.
Desmilitarización de Bastar: pedir la desmilitarización urgente de Bastar y el desmantelamiento de los campamentos militares que están instalados en la región. Debe revertirse la amplia militarización, que ha hecho que Bastar sea una de las zonas más militarizadas del mundo. El Gobierno de India debe priorizar el diálogo pacífico y el compromiso político con las comunidades Adivasi sobre las medidas militares y de seguridad. Las demandas legítimas de los Adivasis de autonomía, derechos sobre la tierra y libre determinación deben abordarse mediante soluciones políticas, no mediante la violencia.
Acatamiento de las órdenes del Tribunal Supremo: exigir que el Gobierno de India cumpla plenamente la orden del Tribunal Supremo de 2011 que prohíbe el reclutamiento de jóvenes Adivasi para llevar a cabo operaciones militares. Esta práctica viola tanto el derecho nacional como el internacional.
Respeto a las protecciones constitucionales y jurídicas: exigir la aplicación plena de las protecciones constitucionales y jurídicas para las comunidades Adivasi, incluida la Ley de Derechos Forestales, la Ley de Panchayats (Ampliación a Áreas Catalogadas) y el Quinto Anexo de la Constitución de India, para proteger las tierras adivasi de la invasión estatal y empresarial.
Fin del acaparamiento de tierras y adhesión al principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI): el Gobierno de India debe detener todos los planes de adquirir tierras indígenas para fines militares, mineros o industriales sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades Adivasi afectadas. Cualquier uso de la tierra debe estar condicionado al consentimiento de los Adivasi, sin coacciones. Esto incluye la adquisición planificada de 54 543 hectáreas del bosque de Abujhmad para un campo de entrenamiento del ejército indio.Protección de personas defensoras y activistas de derechos humanos: exigir la protección de las personas defensoras de los derechos humanos de los Adivasi ante amenazas, detenciones y hostigamiento. Ponerle fin a la detención ilegal de activistas, incluidos integrantes de las organizaciones Moolvasi Bachao Manch y Maad Bachao Manch, y a la represión de los movimientos indígenas.
Rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional: exigirle al Gobierno de India que rinda cuentas por las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos en Bastar, incluido el uso de drones de vigilancia, los bombardeos con mortero y las operaciones militares que causan daños ecológicos y pérdidas de vidas humanas. Quienes son responsables deben enfrentarse a la justicia.
