Compartido por CALPI – Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indigenas
Mario Patrón Flores, de 28 años de edad, tiene en su cuerpo aún 4 balas de las 6 que le descargaron, y su padre Florencio Patrón, de 60 años, perdió el dedo pulgar de la mano derecha; ambos fueron heridos de bala el 11 de marzo de 2023 cuando la comunidad indígena Mayangna de Wilú fue atacada por segunda vez por bandas criminales de colonos no indígenas armados con armas de guerra; en el Territorio Mayangna Sauni As, en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de BOSAWAS, en la Región Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua (RACCN).
El día del ataque a eso de las 6 de la mañana, aprovechando que muchos de los hombres de la Comunidad habían salido a cazar, aproximadamente 60 hombres con armas y pertrechos militares asesinaron a 5 miembros de la comunidad y dejaron a Mario y a su padre heridos. Las mujeres y niños estuvieron desaparecidos durante varios días ya que huyeron hacia el bosque al escuchar los tiros y al ver los incendios de las viviendas donde solo quedó en pie la iglesia, la casa pastoral y la escuela.
Sin embargo, la situación de Mario y el ataque a la comunidad de Wilú no es un hecho aislado, recientemente otras comunidades como Alal en el año 2020 han sido atacadas y en el año 2021 ocurrió la matanza en la mina de Kiwakumbaih en la que por lo menos 13 personas indígenas fueron asesinadas entre ellas 2 mujeres indígenas Mískitu y una mujer Mayangna de 41 años de edad y su hija de 14 años fueron asaltadas sexualmente por varios de los atacantes, todo en el mismo territorio. Y como consecuencia de estos ataques hay varios miembros de las comunidades con sus dedos o manos mutiladas y otros han resultado parapléjicos por las balas que aún mantienen en sus cuerpos; todos sin atención médica o social. Asimismo, el día anterior al ataque a Wilú habían sido secuestrados varios hombres Mayangna, entre ellos dos pastores evangélicos, uno de ellos profesor de la comunidad; ellos viajaban hacia sus áreas colectivas de siembra junto a otros dos hombres y a dos niños Mískitu en el rio Waspúk.
Por lo que los miembros de las comunidades indígenas del Territorio Mayangna Sauni As viven en una zozobra permanente y se preguntan: “¿cuál será la próxima comunidad en ser atacada?”. Los indígenas consideran que estos ataques contra sus comunidades, así como las permanentes amenazas, violaciones sexuales, secuestros y torturas contra sus miembros, los realizan las bandas de colonos que invaden este territorio, para presionar a los comunitarios propiciando la inseguridad alimentaria y sembrando el terror, para así apoderarse más fácilmente de sus tierras.
Ya que, además de las pérdidas en vidas humanas y de la meya en la integridad física y psíquica de los indígenas que dejan los ataques –realizadas con saña al dejar visibles señales de torturas en los cuerpos de las víctimas-; por medio de la violencia les van reduciendo las áreas de uso y dominio colectivo como el bosque –para recolectar frutos, plantas medicinales- las áreas de caza y pesca; así como las áreas de agricultura, espacios culturales y espirituales en su territorio tradicional.
Sin embargo, el Estado en la mayoría de los ataques no se ha hecho presente a las comunidades, y cuando lo ha hecho niega que los ataques sean realizados por colonos y en su lugar culpa a los mismos indígenas, como ocurrió en el caso de la masacre de Kiwakumbaih, en el que contradiciendo a más de veinte víctimas sobrevivientes y testigos del ataque, se culpó y procesó a cuatro autoridades y guardabosques comunitarios a los que se les impuso la pena de cadena perpetua.
EL 13 de febrero de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la Comunidad de Wilú, sin embargo, el Estado de Nicaragua no las ha acatado. Como tampoco ha acatado las medidas de protección a 15 comunidades indígenas Mískitu y Mayangna otorgadas desde 2015, cuando se iniciaron los ataques de manera sistemática, por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Sin embargo, las comunidades del Territorio Mayangna Sauni As continúan exigiendo al Estado de Nicaragua que cumpla con su obligación internacional de proteger a sus miembros y comunidades, así como de investigar, judicializar, reparar y asegurar la no repetición de estas graves violaciones a sus derechos humanos.
