First published on 04/28/2026
Por: Tanya Hirsch (Observatorio Ciudadano de Chile)
A diferencia de otros contextos regionales, Chile no enfrenta una crisis de violencia sistémica o letal contra activistas; la persecución no es la norma. Sin embargo, el reciente giro hacia un gobierno de derecha conservadora ha instalado un clima de incertidumbre institucional. En el nuevo gobierno dirigido por José Antonio Kast, los avances previos en la protección de los ecosistemas —incluido el Acuerdo de Escazú— pierden prioridad frente a una agenda proinversión, que elimina exigencias ambientales para «destrabar» proyectos y promueve una fiscalización dirigida contra las organizaciones medioambientales.
ECMPO: Territorios de vida bajo amenaza
Para comprender lo que ocurre en Chile en materia de defensa territorial, es necesario mirar hacia su maritorio. El ejemplo más crítico de esta regresión ocurre con los ECMPO (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios). Estas áreas, gestionadas por comunidades locales bajo una ley conocida como Ley Lafkenche —llamada así por las comunidades que impulsaron su creación—, representan verdaderos «territorios de vida». Hoy, estos espacios están bajo una ofensiva directa:
- Escalada de hostilidad en los territorios: La defensa de estos espacios marinos se ha vuelto un foco de amenazas e insultos. La desinformación, los ataques a través de medios y redes sociales y los discursos discriminatorios y de odio en contra de los Pueblos Indígenas están generando un clima hostil y de divisiones en comunidades costeras.
- Desmantelamiento normativo: El nuevo gobierno, en lugar de fortalecer este modelo de gobernanza comunitaria, ha señalado que continuará con un proyecto de modificación de la Ley Lafkenche sin la participación de los Pueblos Originarios. El objetivo es eliminar las «barreras» que estos espacios representan para la expansión de la industria salmonera en la Patagonia.
El cerco administrativo: Fiscalización y presión a las ONG
Esta presión en el territorio se complementa con un cerco a nivel nacional sobre la sociedad civil organizada. El Ejecutivo impulsa dos proyectos de ley diseñados para endurecer la fiscalización del financiamiento y la transparencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Aunque se presentan bajo un discurso de probidad, estas iniciativas buscan hostigar y desfinanciar a los colectivos que brindan apoyo técnico y legal a los territorios, limitando su capacidad de incidencia frente al desmantelamiento de las regulaciones ambientales.
Prioridades de vigilancia
En este nuevo periodo, la labor de defensa se centra en impedir que el cambio de signo político desmantele los derechos territoriales ya conquistados. Los puntos críticos son:
- Defensa de la gobernanza comunitaria: Impedir el retroceso de los ECMPO, garantizando que los Pueblos Originarios mantengan la gobernanza sobre sus territorios de vida frente a la presión corporativa.
- Blindar el espacio cívico: Asegurar que la fiscalización administrativa no se convierta en una herramienta de control político para silenciar a las organizaciones ambientalistas.
- Justicia frente al amedrentamiento: Exigir procesos judiciales rigurosos ante ataques como el sufrido por algunos dirigentes, para evitar que la violencia focalizada se normalice como una herramienta aceptada de control territorial.
La transparencia no debe ser un pretexto para el control político. Los avances logrados en la protección de los territorios de vida constituyen el piso mínimo; un giro ideológico no puede ser la excusa para desproteger a las comunidades que, a través de mecanismos como los ECMPO, resguardan la vida para todos frente a modelos de desarrollo extractivistas.
