El informe anual de 2020 de Global Witness, sobre los asesinatos de defensores del medio ambiente y los derechos humanos, muestra que los ataques letales contra quienes defienden la Madre Tierra son impulsados por las mismas industrias que son responsables de la crisis climática
First published on 09/17/2021, and last updated on 09/30/2021
Por Milka Chepkorir (Coordinadora, Defender los Territorios de Vida, Consorcio TICCA)
El 13 de septiembre de 2021, Global Witness publicó su informe anual sobre los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos con esta edición titulada: ”Última línea de defensa: las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente’’. En 2020 se reportaron los asesinatos de 227 defensores, de los cuales una proporción importante proviene de Pueblos Indígenas y comunidades locales que defienden sus tierras y territorios colectivos. Se estima que más defensores podrían haber sido asesinados en el mismo período sin que se hayan presentado informes, ya que no todas las comunidades tienen la capacidad suficiente para dar a conocer dichos asesinatos. En países donde los gobiernos han restringido la libertad de prensa y el espacio cívico, y donde se carece de un seguimiento independiente a estos ataques, existe una alta probabilidad de que no se denuncien los casos. Aparte de los asesinatos, se sabe también que se intenta silenciar a las comunidades con tácticas como amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual y criminalización, y que este tipo de ataques se denuncian mucho menos.
Los informes indican que 5 de los 7 asesinatos en masa en 2020 fueron de personas Indígenas, muchas de ellas de América Latina y Filipinas; por ejemplo, cuatro líderes de una comunidad Indígena Mayangna en la Reserva de la Biosfera de Bosawás en Nicaragua fueron asesinados por decenas de colonos armados, sin justicia a la vista. En la Isla Payan en Filipinas, 9 miembros de la comunidad Tumandok fueron asesinados y otros 16, arrestados de forma arbitraria por su firme resistencia contra la expulsión de sus territorios para allanar el camino para una megarepresa.
Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales afectadas han perdido sus territorios particularmente debido a la ganadería, la extracción de oro y la tala. Estas actividades las llevan a cabo compañías que están contribuyendo de muchas formas a la crisis climática que atraviesa el planeta. La resistencia a estas industrias destructivas ha sido la causa principal de los ataques y asesinatos de muchas personas defensoras. La COVID-19 ha agravado estos casos ya que la protección del gobierno se vio limitada por los confinamientos y las restricciones de movimiento dictadas por los gobiernos en los esfuerzos por detener la propagación del virus, lo que convirtió a los defensores en “blancos fáciles” de vigilancia y ataques en sus hogares. Además, en varios países se permitió que las industrias dañinas continuaran operando en territorios Indígenas a pesar de los riesgos de propagación del virus, por ejemplo, como en el territorio de la Nación Wampis en Perú.
CONSULTE MÁS: ‘’Impactos de la COVID-19 en los defensores de los derechos humanos y recursos para su protección’’ (en inglés).
Durante el lanzamiento del informe Global Witness el 13 de septiembre, el director general adjunto de la Comisión Europea pidió a las compañías y empresas dentro de la Unión Europea incluir aspectos de autosupervisión en lo referente a los derechos humanos y la efectividad de dichos reglamentos si los hubiera, mencionó que la Unión Europea actualmente está preparando y esperando publicar una legislación vinculante de diligencia debida, incluida una iniciativa sobre la gobernanza empresarial sostenible. Mary Lawlor, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, instó a los gobiernos y las empresas a respetar los derechos humanos.
El Consorcio TICCA recuerda a quienes han pagado el mayor precio por defender sus tierras y territorios colectivos, y solidariza con sus familiares, amigos y colegas. Apoyamos las recomendaciones del informe y hacemos un llamado a los gobiernos a que detengan inmediatamente las violaciones a los derechos y garanticen la rendición de cuentas; así mismo, que respeten, protejan y cumplan con los derechos de las comunidades a sus territorios y formas de vida. También hacemos un llamado a las empresas para que antepongan los derechos humanos a su búsqueda de ganancias y reconozcan a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales como titulares de derechos que deben ser respetados, en vez de ser amenazados y asesinados por defender sus derechos y el futuro de nuestro planeta.
Descargue el informe de 2020 de Global Witness, “Última línea de defensa’’
