Por Consorcio TICCA
Cuatro asociaciones indígenas en Paraguay—la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT), la Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN), la Asociación Angaité para el Desarrollo Comunitario (ASADEC) y la Asociación de Comunidades Ava Guaraní del Alto Paraná (ACIGAP)— cuentan ahora con estatutos sociales actualizados, así como con los procedimientos necesarios para obtener o regularizar su personería jurídica.
La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), como parte de la Red TICCA, facilitó este proceso estratégico junto con las cuatro asociaciones, mediante asambleas comunitarias, talleres participativos y acompañamiento técnico-legal.
Las organizaciones participantes disponen ahora de mejores condiciones para ejercer su autonomía, gestionar sus propios procesos y establecer relaciones formales con instituciones públicas, organizaciones aliadas y potenciales fuentes de financiamiento. Esto no solo mejora su capacidad administrativa, sino que también fortalece su capacidad de defensa territorial.
En Paraguay, uno de los principales desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas no radica únicamente en la presión sobre sus territorios, sino en la dificultad para articularse formalmente como organizaciones capaces de interactuar en igualdad de condiciones con el Estado y otros actores. Aunque las comunidades cuentan con reconocimiento legal, cuando se organizan colectivamente —como en el caso de las asociaciones intercomunitarias— deben cumplir con los complejos requisitos del marco jurídico nacional para acceder a derechos, financiamiento y espacios de incidencia.
Sin embargo, con estructuras legales fortalecidas, las organizaciones pueden acceder a programas de restauración, establecer alianzas estratégicas y participar en espacios de toma de decisiones que antes les resultaban inaccesibles. En un contexto en el que el reconocimiento de los territorios de vida como mecanismos de conservación sigue siendo limitado, estos avances representan un paso concreto hacia su legitimación.
En relación con esto, uno de los casos más significativos fue el de la organización OPIT, del Pueblo Ayoreo Totobiegosode. Esta organización, que representa a comunidades en contacto inicial y tiene como uno de sus principales objetivos la protección de pueblos en aislamiento voluntario, operaba sin un estatuto acorde con su realidad. A través de este proceso, logró reorganizar su estructura, conformar una nueva comisión directiva y avanzar hacia su formalización jurídica, lo que fortaleció su capacidad de acción.
En palabras de un líder del Pueblo Ayoreo Totobiegosode, contar con personería jurídica «nos permite buscar apoyo para garantizar la seguridad de nuestros hermanos que viven en aislamiento voluntario y asegurar nuestros territorios para las futuras generaciones». Esta afirmación refleja el vínculo directo entre el fortalecimiento organizativo y la protección de los territorios de vida.
Más allá de Paraguay, esta experiencia ofrece una lección clave para el movimiento TICCA: la defensa de los territorios de vida no depende únicamente del reconocimiento externo, sino también del fortalecimiento interno de las organizaciones que los sostienen. En este sentido, el proceso impulsado por FAPI constituye un ejemplo concreto de cómo la gobernanza indígena, combinada con herramientas legales estratégicas, puede convertirse en una base sólida para la autodeterminación y la conservación basada en derechos.
